Por su parte, representantes de abogados señalaron que no conocen el despacho que se elaboró y sería puesto a consideración durante la sesión de esta semana.

El miércoles pasado el bloque peronista buscó aprobar la norma, pero el radicalismo no prestó los dos tercios dado que consideró necesario escuchar antes a los abogados y los representantes sindicales.

Si bien el despacho está confeccionado la idea es seguir trabajando con los trabajadores, diputados y abogados las modificaciones a esta norma, pero las posiciones son bastante extremas por lo que un entendimiento parece bastante difícil de lograr.

Sánchez indicó que una de las posibilidades que se abarajan es entregar el despacho a las partes interesadas y que estas evalúen la norma propuesta para que sugieran los cambios necesarios.

No está muy claro cómo será el trabajo en la Comisión de Hacienda, que antes debe escuchar al ministro Federico Muñoz Femenía, que expondrá sobre el déficit del Insssep, pero sí se sabe que el Colegio de Abogados pretende asistir a la Cámara para conocer el despacho que fue emitido por el oficialismo y hacer varias sugerencias.

En tal sentido, el presidente de este organismo, Almilkar Aguirre, definió que “si bien hasta ahora no recibimos una convocatoria formal esperamos dialogar con los legisladores para reiterar la necesidad de que esta norma se debata en profundidad a fin de que se transforme en la solución de fondo”.

Al mismo tiempo comentó que “como parte interesada el Colegio ya solicitó la conciliación obligatoria con el objetivo de que el gobierno provincial y los sindicatos puedan dialogar para acordar una salida al conflicto”.

Además gran parte de los abogados sostienen que la modificación a la ley de tasas no satisface el reclamo de los trabajadores judiciales que piden un incremento salarial concreto y con impacto en el básico.

A su vez, el Sindicato de Empleados Judiciales señaló que “el despacho emitido por el oficialismo no contempla varias de las exigencias que fueron planteadas por los trabajadores durante las reuniones que mantuvieron con la Comisión de Hacienda”.

Y si la ley no sale como pretenden los empleados muy posiblemente el paro continuará y hasta podría empeorar el conflicto tomando en cuenta que convocarían a una medida por tiempo indeterminado.

Con este panorama los legisladores peronistas deberán buscar los acuerdos necesarios y convencer a su pares radicales para que apoyen el proyecto que permitiría al Poder Judicial recaudar más.

Posición de la UCR

En tanto, el diputado radical y uno de los voceros de la oposición Livio Gutiérrez comentó que

“la modificación de la ley de tasas no modifica la problemática salarial, encarece el servicio de justicia y lo pagan los justiciables. Esta norma ha permitido realizar muy buenas obras de infraestructura, y aumentar los costos para solucionar la cuestión salarial excede los fines de su creación”.

“El único responsable es el Ejecutivo provincial ya que ha retraído los montos que solicitó el Poder Judicial para este año en el presupuesto 2012. Además no comparto el aumento debido a que se ajusta con la propia inflación ya que la valuación de bienes ha cambiado, es decir un bien valuado a 50.000 pesos que tributaba 500 hoy vale 100.000 y tributa mil”, reclamó.

“Asimismo encarecer las tasas a grandes usuarios, como los denomina el nuevo proyecto, no soluciona nada ya que es quien inicie más de 100 causas por año calendario; estamos en octubre, lo cual implica que tampoco se va recaudar demasiado por este concepto y además siempre el aumento lo pagan los justiciables porque se trasladan a las planillas finales del litigio”, manifestó.

“La modificación de la ley de tasas propuesta no cubre económicamente ni el 15 % del reclamo gremial. Es decir que lo que se recaude está lejos de la equiparación salarial reclamada”, detalló.

Posiblemente los radicales propongan incrementar el presupuesto del Poder Judicial en 50 millones de pesos de tal forma que se solucione el conflicto salarial y no se toque la ley de tasas.

El despacho del PJ

El PJ llegó a elaborar la semana pasada un despacho que incluyó parte de las modificaciones propuestas por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) pero no gravó varios ítems que reclamaban los trabajadores.

El despacho estipula que se “fijará una tasa de 1,5 por ciento para los litigios menores de 10.000 pesos y del 2 por ciento a partir de los 10.000 pesos. En ningún caso será inferior a 750 unidades tributarias, para la justicia ordinaria y de 200 unidades si se trata de la Justicia de Paz”.

Para los recursos de quejas “por denegación de la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la norma deberán depositar 10.000 unidades tributarias por cada remedio interpuesto”.

A su vez, la tasa para los grandes usuarios, más de 100 causas por año, que se aplicará será del cuatro por ciento, es decir que los comercios que usan a la Justicia para tener rentabilidad deberán abonar más.

El valor de la unidad tributaria, la base para calcular la tasa, “pasará a costar 20 centavos de peso, una suba que representa un incremento importante”, según señaló el diputado del Frente Grande, Fabricio Bolatti. También se fijó el valor de 300 unidades a la remisión de expedientes solicitados por los jueces de otras provincias.

Por otra parte, también modifican la norma sobre el destino de los recursos afectados al Poder Judicial para que los trabajadores puedan recibir el 50 por ciento de estos fondos.