Con nueve integrantes -entre ellos el justicialista Ropberto Eduardo Romero (h), sobrino de Juan Carlos Romero- quedó conformada ayer la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que investigará las venta de 90 hectáreas de finca La Ciénaga, que en 1998 la provincia adquirió para Familia Propietaria, y que en 2009 quedaron en propiedad de Estancia El Carmen, dirigida por un hijo del ex gobernador.
La comisión estará conformada por el presidente del cuerpo, Manuel Santiago Godoy, y los justicialistas Sergio Sajia, Antonio Hucena, Silvio Arroyo y Eduardo Romero, sobrino del ex gobernador Romero y primo hermano de Juan Esteban, director de la firma Estancia El Carmen.
También actuarán en la comisión los renovadores Oscar Guido Villa Nogués y Julio de Vita; el diputado del romerista Frente Salteño Javier David; Jesús Ramón Villa del bloque del Frente para la Victoria; del Plá, del Partido Obrero y Morello, del Movimiento Libres del Sur.
Godoy dijo que aunque las comisiones investigadores se conforman generalmente con nueve miembros, esta vez se decidió conformarla con once, para incluir a Del Plá y Morello, de los bloques minoritarios, que habían sido los promotores de la investigación.
Aunque la comisión no tiene inicialmente un plazo para concluir su investigación, Godoy dijo ayer que "vamos a hacerlo lo más rápidamente posible" y adelantó que de la reunión del próximo lunes podría surgir en qué tiempo podría concluirse el trabajo.
El diputado dijo que la comisión podrá requerir informes y -con la autorización del juez- hasta hacer allanamientos de domicilio. "Vamos a comunicarle al juez (Antonio Pastrana) la constitución de la comisión y a pedirle la colaboración de los fiscales", señaló Godoy.
La Cámara aún debe recibir un informe en la que el Ejecutivo detalle la actuación del entonces ministro de Hacienda, y actual diputado nacional Fernando Yarade, en la venta de las 90 hectáreas de La Ciénaga al particular José Luis Agustoni, en 2004.
La actuación de los legisladores irá, por el momento, detrás de la de Pastrana, juez de instrucción formal de 4ª Nominación
donde recayó la acción penal por peculado que la fiscal María Inés Loyola promovió contra Romero, el actual ministro de Trabajo y ex presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rubén Fortuny, y los escribanos Laura Inés Wayar, Cecilia Pérez de la Fuente y Manuel Brizuela, además de Agustoni.
La comisión investigadora se formó después de que Morello denunciara en la Cámara de Diputados la operación inmobiliaria por la que 90 hectáreas que en 1998 habían sido compradas por el gobierno de Juan Carlos Romero para Familia Propietaria, fueron vendidas en 2004 a Agustoni, y tras una serie de traspasos en la que intervino la escribana Cecilia Pérez de la Fuente, allegada al gobernador, la finca terminó en manos de Estancia El Carmen.
Para la fiscal María Inés Loyola, las hectáreas de La Ciénaga "salieron del patrimonio del Estado con destino al patrimonio de la familia del entonces gobernador quien ejecutó el acto de peculado simulándolo a través de una cadena de adquirentes". Un bien que, según la fiscal, Romero sabía que iba a adquirir mayor valor porque tenía conocimiento de que se iba a construir en ese lugar la autopista oeste de circunvalación.
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