Gran repercusión periodístico tuvo ayer la aparición de una fotografía que involucraría a un diputado provincial –Gustavo Muñiz bloque PJ- quien aparecería sospechado de intercambiar mensajes de texto durante la sesión del martes con un alto representante de una empresa minera, quien indicaría al legislador la necesidad de efectuar algunos cambios en el artículo 4º del proyecto de ley tratado el lunes último en la Legislatura del Chubut.
El hecho fue confirmado en una emisora de Comodoro Rivadavia en la que, durante una entrevista, el legislador admitió que recibió y envió mensajes de texto desde el recinto tanto con representantes de uno y otro sector.
Sin embargo, la noticia abrió el camino de las sospechas especialmente de los posibles entramados de empresas mineras con diputados que bajo intereses económicos podrían haber accionado para que el proyecto fuera “corrido de foco” y en su lugar apareciera -como sucedió- un proyecto a favor del desarrollo minero en la provincia.
Crónica consultó al abogado que llevará adelante la causa con el objetivo de esclarecer los hechos que ponen en tela de juicio no solo al legislador en cuestión, sino también al ejecutivo provincial.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, manifestó que “el contexto de lo que paso ayer -por el lunes 25- es parte de lo que explica esta fotografía” dijo, y agregó que “nosotros veníamos denunciando el feroz lobbie que hacían las nacionales mineras y la fotografía demuestra lo que veníamos denunciando” sostuvo.
Más allá que la situación no sorprendió al sector que impulsó el proyecto de Iniciativa Popular, según dijo Viale, “nos sorprendió verlo en fotografía, aunque ya sabíamos que esto existía” aclaró.
En este sentido declaró que fue una “estafa que se hizo ayer de utilizar una Iniciativa Popular para darla vuelta completamente” dijo, y anticipó que como abogado se encuentra trabajando en la presentación ante la justicia en vista de que se investigue la posible comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y los posibles delitos de cohecho activo y pasivo. Ya que estarían involucrados “el gerente de una de las mineras más grandes del mundo que es Yamana Gold el receptor de este mensaje -dijo-, y vamos a pedir que la justicia solicite a las telefónicas, la totalidad de los intercambios de mensajes entre el diputado y las empresas mineras e incluso cabría la posibilidad de investigar a otros posibles involucrados”, según explicó.
Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, Viale señaló que incluso “esto podría derivar en el pedido de la nulidad de la ley” ya que “hubo una mano que terminó escribiendo la ley” dijo respecto de la minera en cuestión.
Por lo que “si se torció la voluntad de los legisladores por las presiones, creemos que debe ser derogada o anulada la ley” sostuvo, y coincidió con el diputado Oscar Petersen en llamar “fraude” al resultado de lo que ocurrió el martes en la Legislatura del Chubut.
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