En su disputa mediática con el gobernador José Alperovich por la participación del Estado en el manejo de Canal 10 (70% de la Universidad Nacional de Tucumán y 30% del Gobierno provincial), la diputada nacional Stella Maris Córdoba, apela a todo tipo de documentación y datos que revelan la intromisión del titular del Poder Ejecutivo. Sin medir consecuencias, la también candidata a gobernador involucró directamente al empresario Alberto Llaryora con la dictadura militar, al señalar que "se lo sindica como testaferro del Almirante (Emilio) Massera".

Al desafiar públicamente al mandatario provincial, para que justifique su intromisión en Canal 10, Stella Córdoba señaló que “Alperovich debe explicar al pueblo de la provincia por qué sigue usufructuando la usurpación de Canal 10 que cometiera la dictadura cívico-militar en vez de mandar a su empleado de Prensa a defender lo indefendible y atacar a quienes queremos profundizar la Democracia en Tucumán". Pero además, sostuvo que "los tucumanos deben recibir alguna explicación de Alperovich, quien fuera director administrador del Canal 10 por la UNT y luego avalara su pseudoprivatización impulsando una oferta y pugnando por ella ante Alberto Llaryora, a quien se sindica como testaferro del Almirante Massera". Actualmente, Llaryora es el director del semanario "el periódico de Tucumán" y aunque en los papeles no está registrado, en los hechos es el dueño de esa publicación y de la radio Antena 8.

La grave acusación o relación realizada por la diputada ultra-kirchnerista, merece al menos de oficio, la intervención de la Justicia Federal, para establecer el grado de veracidad de sus dichos. En tiempos donde el gobierno nacional y otras organizaciones de los derechos humanos impulsan cientos de juicios contra los represores y aquellos civiles que de un modo u otro, colaboraron con el nefasto proceso de organización nacional, Córdoba podría ofrecer a la Justicia los elementos que posee sobre la supuesta participación de Llaryora en las actividades económicas de Massera.

Sin embargo, la diputada está focalizada en aportar nuevas documentación probatoria al expediente iniciado en la Defensoría del Pueblo, presentado el 23 de marzo pasado, respecto al abuso de poder que ejerce el Poder Ejecutivo provincial sobre Canal 10 de la UNT, desde 1976 a la fecha.