Hoy miércoles 23 de Marzo, a las 11 en la Defensoría del Pueblo, la diputada nacional Stella Maris Córdoba y otros dirigentes en representación del partido Proyecto Popular elevarán un requerimiento al Defensor del Pueblo Arq. Hugo Cabral para que éste disponga "las medidas conducentes para lograr la restitución inmediata del 30% del paquete accionario de Canal 10 a la Universidad Nacional de Tucumán, por parte del Poder Ejecutivo provincial, quien continúa ejercitando la usurpación impuesta mediante violencia institucional por el entonces gobernador militar Antonio Domingo Bussi desde Julio de 1977 en que tomó control operacional de la transmisora". Los dirigentes exigirán a Cabral, mediante una presentación formal "el cese inmediato de la apropiación forzada y violenta que sigue perpetrando el Poder Ejecutivo de la provincia desde 1977 a nuestros días contra el primer Canal de Televisión tucumano ya que –como recordará- ésta creación impulsada durante el rectorado del ingeniero Eugenio Flavio Virla, comenzó sus transmisiones el 9 de julio de 1966 como canal universitario". En su petición -amparada en el art. 14 de la Constitución Nacional, los dirigentes le recuerdan a Cabral que el Artículo 10 de la Ley N° 6644 le otorga al Defensor del Pueblo la atribución para “intervenir de oficio o a petición de parte, del modo más inmediato y por el medio más idóneo posible, para emprender cualquier investigación conducente al esclarecimiento de actos o hechos de la Administración Pública Centralizada, Descentralizada, empresas del Estado, cualquiera sea su forma y naturaleza jurídica (..) en sus relaciones con los usuarios que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, arbitrario, discriminatorio, negligente, o gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos”. Stella Maris Córdoba, destacó que la toma de posesión “formal” por parte del dictador Bussi fue retratada con sarcasmo informativo propio de éstos regímenes en un titular de los medios del 17 de Julio de 1977 en el que notificaba que “El gobierno y la UNT explotarán en sociedad el Canal de Televisión” y que para ello “ambos entes se obligaron mediante un contrato suscrito por el gobernador general Antonio Domingo Bussi en nombre de la alta casa de estudios” (Sic). "Queda claro entonces que la Sociedad de Facto que aún mantiene unida a la UNT con el Poder Ejecutivo es nula, carece de toda legalidad en su causa y en sus efectos ya que el Ejecutivo provincial actuó como único centro de interés del supuesto contrato del que da Fe el matutino. Este único centro de interés no era otro que el expresado por Antonio Bussi y la dictadura militar", agregó la diputada. La presentación será acompañada por el representante de la mesa provincial del partido Memoria y Movilización, Bernardo Lobo Bugeau, quien anticipó que el petitorio incluirá "del P.E. en la tarea pendiente de poner a disposición de la justicia -y por ende de la comunidad- los archivos de la dictadura cívico militar, que desde febrero de 1975 con el "operativo independencia" se desarrollara en la Provincia con la triste consecuencia de casi 3.000 desapariciones forzadas, exilios y persecuciones a quienes disintieran con la alucinada doctrina de la Seguridad Nacional. Estos archivos comprenden importantes registros de la ex Jefatura de Policía, del Comando de la V° Brigada de Infantería ("comunidad informativa"), del Instituto de Maternidad "Nuestra Señora de las Mercedes", años 1974, 1975, diez mil folios faltantes del año 1976, etc. que arrimarían luz sobre los destinos de bebés desapropiados y que -luego de arrancados del seno materno- se les cambiara la identidad".