"Eludiendo todo procedimiento y resguardo administrativo los municipios de la provincia -con la complacencia del gobierno bonaerense e invocando una supuesta urgencia- están contratando sin licitación ni controles la compra de cámaras de seguridad", afirmó la legisladora.

"Para peor, los medios periodísticos han informado que en varios casos los intendentes han sido objeto de presiones para contratar a determinadas empresas", dijo la diputada de la CC, aunque no avanzó en nombres propios.

En el mismo sentido, la diputada del noroeste de la provincia de Buenos Aires destacó "los casos de los municipios de General Pueyrredon y Lanús", donde habrían existido sobreprecios en la contratación de las cámaras de seguridad.

La utilización de esos fondos se realiza en el marco del Plan Integral de Protección Ciudadana, puesto en marcha por el gobierno nacional para asistir a las provincias de Buenos Aires y Mendoza, "afectadas por la ola de delincuencia".

"Del total de $ 400 millones que el Gobierno nacional prevé desembolsar, 203 millones (es decir, el 50,75%), se destinó a la compra de cámaras de video" detalló la diputada Moro mientras agregó que "a través de convenios de cooperación suscriptos con la Jefatura de Gabinete de Ministros, se especificó que los municipios de la provincia prestan conformidad a la supervisión del ministerio de seguridad bonaerense en la ejecución del plan".