La administración Kirchner precisa salvar el núcleo central de las políticas que considera imprescindibles para mantener el control del poder. Pretende hacerlo negociando con la oposición y con sectores de sus propios legisladores antes que comience a desgranarse el bloque oficialista. Y necesita acordarlo antes que el Congreso refleje en diciembre la nueva composición.

Los opositores, que habían hecho de la cerrazón e intransigencia kirchnerista uno de los ejes de su crítica, han tenido que desandar ese camino y reconocer que, aunque fueran fuegos de artificio, no pueden rechazar el convite. En ese sentido, Kirchner está dispuesto a ciertas concesiones, como la reforma política porque, de alguna manera todavía no asumida, está diseñando el final del ciclo iniciado en 2003. Las encuestas poselectorales están marcando esa dramática conclusión.

No es que Kirchner haya recapacitado sobre su estrategia de choque y se haya convertido, ahora, en un socialdemócrata convencido. Es que la realidad le está imponiendo otras condiciones que necesita digerir para seguir controlando resortes centrales del poder.

Los movimientos previos a la aparición de este espíritu negociador han sido, por el contrario, dirigidos a asegurarse un gobierno hiper concentrado, un reflejo genuinamente kirchnerista.

El Gobierno debe transitar todavía más de dos años en la Casa Rosada. Kirchner sabe que debe conservar ciertas riendas para que ese tiempo no se convierta en un calvario.

Los principales dirigentes de la oposición, incluidos una gruesa porción del justicialismo, no quieren recibir un incendio. Pero lo temen.