La ley del servicio exterior establece la prohibición de revelar secretos de Estado, pero no tipifica cuáles. Desde la presidencia de la Comisión, que ejerce Alfredo Atanasof (Peronismo Federal) aclararon ayer a Clarín que reunión con Sadous tendrá carácter de “sesión secreta”, según establecen los artículos 32 y 33 del reglamento de la Cámara. En la sesión ratificarán el juramento de confidencialidad diputados y taquígrafos. Por lo tanto, Sadous estará legalmente amparado ante sus superiores por aquello que diga. Y si se filtra, no será su responsabilidad sino declaraciones de diputados.

Ayer el designado canciller, Héctor Timerman advirtió nuevamente que no permitirá que el ex embajador en Caracas revele datos “confidenciales”. Y después de que preste juramento hoy ante la presidente Cristina Kirchner, buscará hablar con el diplomático. Fuentes cercanas a Sadous contaron ayer a este diario que el veterano embajador, de más de 60 años está “tranquilo”, se siente “seguro” y con “experiencia” para afrontar la situación, bastante comprometida, que tiene por delante. En la casa, es su mujer la guardiana de cuanto llamado telefónico le llegue. Y la familia guarda registrados nombres y números de teléfono.

Los diplomáticos de carrera deben atenerse a reglas jerárquicas comparables —con sus matices- a la de los militares. Se rigen por la Ley orgánica del servicio exterior (20.957). Con “arreglo a las disposiciones legales que las reglamenten, y sin perjuicio de otras establecidas en la legislación nacional, instrumentos internacionales”, el artículo 21 establece una lista de incisos. Entre ellos el que les impone “preservar la inviolabilidad de toda documentación reservada, secreta y confidencial”; guardar “absoluta reserva acerca de las cuestiones de carácter confidencial o secreto que conozcan en razón de sus funciones, aun cuando dejaran de pertenecer al Servicio Exterior”.

Por supuesto, el incumplimiento del artículo hace al diplomático sujeto de sanciones. Para el caso de los embajadores la máxima pena puede ser la exoneración (separación del servicio exterior), siempre que no hubiera delitos que deriven en una actuación judicial, indicó a Clarín una autoridad diplomática consultada. Pero en la Cancillería para cualquier decisión sobre un diplomático debe abrirse primero un sumario, que es una actuación administrativa que investiga, aclara y determina la responsabilidad sobre el hecho que se le imputa a alguien.