El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, dictó la prisión preventiva y trabó un embargo de 500.000 pesos para el médico represor Jorge Horacio Capellino, quien ya se encuentra detenido en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná desde hace un año, se informó a UNO. El profesional se encuentra procesado por su participación en delitos de lesa humanidad cometidos en Paraná durante la última dictadura cívico-militar, en el marco de la causa que lleva su nombre.

La decisión del juez, del 25 de septiembre, es por la presunta comisión del delito de privación ilegal de la libertad en concurso con aplicación de vejaciones, apremios ilegales e imposición de tormentos contra un detenido político, en calidad de partícipe necesario. También por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de partícipe secundario, en perjuicio de Juan Alberto Osuna, Carlos María Fernández –víctimas de la recordada “Masacre de La Tapera”– y Pedro Miguel Sobko, crímenes enmarcados dentro del tipo genérico de delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas.

En la misma resolución resolvió trabar embargo sobre bienes libres del procesado hasta cubrir la suma de 500.000 pesos.

Capellino fue sometido a declaración indagatoria el 18 de septiembre de 2012, cuando el cargo de juez federal lo ocupaba Gustavo Zonis. Este magistrado, al término de la declaración, dispuso que quedara detenido en calidad de procesado. Por aplicación del antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, que tramita por escrito y con plazos más largos, la prisión preventiva no se dictó en forma inmediata. Luego, cuando asumió Ríos en el juzgado, prefirió estudiar en profundidad la causa antes de decidir.

En la época de los hechos, Capellino era teniente primero de sanidad y médico del Hospital Militar de Paraná, donde se desempeñaba como profesional del servicio de Clínica Médica.

Está acusado de haber realizado el traslado de los restos de Osuna y Fernández la madrugada del 25 de julio de 1976, hacia el Hospital Militar, luego del simulacro de enfrentamiento que las fuerzas represivas montaron en la vivienda de calle Rondeau 1396 de Paraná, hecho recordado como “Masacre de la Tapera”. Los restos de Osuna fueron recuperados por sus familiares, mientras que los de Fernández continúan desaparecidos.

En su indagatoria del año pasado, Capellino negó haber hecho el traslado, pero reconoció que estuvo presente en la vivienda de calle Rondeau para constatar la muerte de ambas víctimas. Dijo que lo hizo por orden de un superior cuyo nombre aseguró no recordar.

Por otra parte, se le atribuye haber sido partícipe del asesinato de Sobko, perpetrado el 3 de mayo de 1977, ya que fue quien firmó el certificado de defunción mediante el cual dio cuenta del fallecimiento de un “NN masculino” por anemia aguda debido herida de bala en hipocondrio derecho, por “accidente”. Se corroboró que se trataba del certificado de defunción de Sobko, que además fue confeccionado en la misma fecha. El mismo acusado reconoció haber confeccionado y firmado el documento, pero no recordar el acontecimiento.

Sobko, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), no murió por accidente; sino que fue asesinado en plena avenida Ramírez de Paraná y frente a numerosos testigos, luego de que se escapara del baúl de un auto en el que era trasladado tras su secuestro. Como autor material del homicidio se encuentra procesado el expolicía federal Cosme Demonte. Los restos de Sobko continúan desaparecidos.

Finalmente, también se acusa a Capellino de haber estado presente durante una sesión de tortura a un preso político, controlando el estado de salud de la víctima, en dependencias del Hospital Militar. También de haberle efectuado vejaciones.