El Juez de Garantías de Concordia, Alberto Funes Palacio, hizo lugar a los planteos del fiscal Mario Guerrero y determinó que los 17 policías implicados la sedición y saqueos de diciembre deban continuar detenidos, imponiéndoles la prisión preventiva por al menos dos meses. “En la audiencia pedí 60 días de preventiva para los funcionarios policiales imputados, y se hizo lugar”, confirmó a UNO Guerrero.

De esta forma, según informó el miembro del Ministerio Público Fiscal, los policías acusados de sedición serían trasladados nuevamente a la Unidad Penal de Federal, en una medida preventiva para evitar que puedan entorpecer el proceso.

“La causa sigue en trámite, y el pedido era a los fines de evitar su entorpecimiento. Hay muchas personas, funcionarios policiales y civiles, que pueden declarar y si los procesados están en libertad podían entorpecer el desarrollo de la causa”, explicó Guerrero.

Las defensas de los imputados, como era esperable, apelaron la decisión del juez de Garantías, por lo que a fines de esta semana o principios de la próxima habrá una audiencia para analizar la medida adoptada este lunes.

Según relató Diario Río Uruguay, la audiencia arrancó puntualmente a las 10 de la mañana con la exposición de Guerrero, quien argumentó un pedido de prisión preventiva para los policías imputados en la causas caratulada “Zaragoza, Carlos Daniel y otros s/ sedición, privación ilegitima de la libertad, daño calificado, robo agravado por la calidad de funcionario público e instigación a cometer delitos en concurso real”. Entre otras acusaciones, Guerrero los sindicó como “un grupo organizado” que trabajó coordinadamente en aquellas angustiosas horas de diciembre y remarcó que quienes estaban sentados en la primeras filas de la sala fueron señalizados como los mayores responsables en la violenta toma de la Jefatura Departamental.

El juez estableció la prisión preventiva para los policías Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, Esteban Cendra, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Gómez Luis Alberto, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Diego Diferding, Manuel Coutiño, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez y Carlos Daniel Zaragoza, este último el único con rango de oficial por lo que su nombre encabeza la carátula del caso.

La audiencia duró algo más de cuatro horas y que estuvo custodiada por fuerzas del grupo GIO. En ese marco el juez de Garantías, Alberto Funes Palacios escuchó a la fiscalia y a la defensa, para luego dar su veredicto entendiendo que era real el peligro de entorpecimiento de la investigación si los uniformados recuperaban su libertad, al mismo tiempo que dispuso que sigan detenidos por 60 días más en la Unidad Penal de Federal. Tras el fallo, los policías se mostraron angustiados junto a sus familias que acompañaron impacientes dentro y fuera de la sala penal.

El juez aseveró que “existió una coordinación en la toma, ya que el lugar donde ingresaron era una Jefatura y no una iglesia”, al tiempo que subrayó que “los ciudadanos comunes tuvieron que convertirse durante esos días en algo que no eran, armándose y formando barricadas para protegerse”. Funes Palacios anticipó que a futuro “puede haber una pena efectiva” y dijo que “de recuperar la libertad, nada nos hace pensar que no se alzarían contra el poder Judicial como lo hicieron con el Ejecutivo”.

“Es difícil no observar la vinculación entre la toma de la Jefatura y la instigación a los robos y saqueos, a no ser que seamos jueces distraídos”, acusó Funes Palacios y aseveró que existen indicios “serios de que se liberaban zonas de la ciudad para que haya muertes, robos y la situación de sosobra” que reinó en los concordienses durante esas horas.

En ese contexto, el Juez de Garantías se refirió a la toma de la radio del Comando Radioeléctrico asegurando que “no se podía dar auxilio a los vecinos que llamaban” y enfatizó que la imputación del fiscal “es clara y precisa. Todo el grupo intervino, donde cada uno dominó parte de la acción”.

“Hay rastros de violencia con la que se ingresó a la Jefatura y prueba de ello es el robo al CPU donde se guardan las filmaciones de las cámaras”, mencionó. Además les aclaró a los imputados y a sus defensores que “para la sedición no es necesario portar en ese momento armas, sino que se tenga acceso”.

Sobre el acuerdo firmado entre el gobernador Urribarri y un grupo representante en la noche del lunes 9 de diciembre, Funes Palacios fue claro al decir que “el acuerdo es nulo” y lo justificó leyendo el artículo 4 de la Constitución entrerriana en donde se refiere a la sedición.

En los párrafos finales, el juez consideró que existen “caminos alternativos para el reclamo salarial”, donde si el gobierno provincial acordaba “difícilmente teníamos una ciudad pacífica el 9 a la noche” y observó que “este es el iceberg de una serie de ilícitos que se cometían y sería imposible que los agentes les expliquen a los vecinos de calle Diamante porqué los desprotegieron”.