En la ordenanza aprobada ayer por el Concejo Deliberante quedó establecido que la Municipalidad deberá implementar un sistema electrónico (tarjeta) compatible con el actualmente instalado en las máquinas expendedoras y aplicable a todos los tipos de boleto. Esto, según la norma, deberá ser efectivo en un plazo de 120 días.

Como consecuencia de este ítem sobreviene el artículo 5 que determina que a partir del 1 de diciembre del año en curso (cuando comenzará a regir el boleto urbano de $5), todo usuario del transporte público que adquiera la tarjeta electrónica tendrá una bonificación de hasta un 30% de los importes de boleto que fija la ordenanza marco.

El espíritu de ambos artículos es, por un lado, que el control fehaciente de las cifras de pasajeros y boletos sean administrados desde el área de Transportes de la Municipalidad y no desde la empresa, mientras que con la suba de la tarifa la comuna reorientará parte del subsidio que se ahorre en apoyar directamente a los usuarios con la mencionada bonificación.

Como puede observarse, el artículo en cuestión determina que tal beneficio será de “hasta” un 30%, dado que será el Poder Ejecutivo quien reglamente tal punto no sólo estableciendo los porcentuales, sino además si el mismo se aplicará con criterio de universalidad o sujeto a condiciones económicas de cada usuario.

EL SERVICIO DEBE MEJORAR

Por otra parte, y como consecuencia de los planteos efectuados por los vecinos en el marco de la audiencia pública celebrada el miércoles, se incluyó en el proyecto original y como artículo número 7 el hecho de que el Ejecutivo municipal deberá instrumentar las medidas necesarias a los fines de lograr un mejor funcionamiento del servicio de transporte en cuanto a recorrido y frecuencias.

Asimismo, deberá avanzar en la aplicación de los diversos estudios específicos realizados en materia de transporte público.

Este último punto va en sintonía con un estudio efectuado por la Corporación Andina de Fomento, que realizó un trabajo específico para la ciudad durante la gestión en la Intendencia de Martín Buzzi -mediante un crédito del BID- y que entre sus recomendaciones planteaba, por ejemplo, la necesidad de instalar en puntos determinados de la ciudad los denominados centros de transferencias. Esto habilitaba una suerte de “combinación” entre frecuencias que redunda en que por ejemplo aquellos pasajeros que deben tomar dos colectivos para llegar a un punto determinado, puedan hacerlo sin tener que pagar dos boletos para ello.