Ismael Salil, integrante de la agrupación, dijo que "en total son 3.773 casos, ya sea por la política de 'gatillo fácil' o por la muerte en lugares de detención. De este número, 68 casos corresponden a decesos por represión en actividades organizadas, por ejemplo la represión en manifestaciones políticas o sociales", graficó.

Además, apuntó: "Desde 2003 a la fecha, se registra el 58 por ciento de todos estos casos. Es decir, más de la mitad". En la misma línea, informó que "a Entre Ríos corresponden 78 casos, registrando el 2,6 por ciento".

En diálogo con Radio Cualquiera, acotó que todas las estadísticas que manejan están basadas en los datos que registra la propia Correpi. "Esto es a partir de los datos que vamos colectando y de la información que sale en los medios", apuntó.

"Desde el '83 hasta 2012 -sin actualizar el mes de noviembre-, registramos 3.773 casos de muertes a manos del Estado, ya sea por la política de 'gatillo fácil' o por la muerte en lugares de detención. De este número, 68 casos corresponden a decesos por represión en actividades organizadas, por ejemplo la represión en manifestaciones políticas o sociales", graficó. De este conteo, "hay que marcar que de 2003 a la fecha, sucedieron el 58 por ciento de todos los casos", determinó.

En este contexto, marcó que "a Entre Ríos corresponden 78 casos, registrando el 2,6 por ciento de represión en manos del Estado".

Para mayor información, consultar a http://www.correpi.lahaine.org/

Líneas de acción e historia

"Correpi surgió hace 21 años atrás, a partir del conocido caso de Walter Bulacio, el chico que fue levantado de un recital de Los Redondos en el Estadio Obras de Buenos Aires, y finalmente, asesinado por el accionar policial en la Comisaría 35 de la Capital Federal", recordó.

Salil agregó que en ese momento "empezó a hurguetearse sobre una situación que estaba en crecimiento y que denunciaba la sucesión de casos en los que morían pibes de la mano de la violencia institucional". En la misma línea, indicó: "Se fue conformando la institución que se propuso hacer un seguimiento de los abusos y violaciones. Vimos que la muerte en manos de la violencia institucional, en lugar de ser una mera excepcionalidad, por su repetición y sistematización era una directa política de Estado".

"A partir de 1996 venimos registrando y archivando todos estos casos y dando cuenta de la sumatoria de los mismos. De algún modo se muestra y queda a las claras cómo hay una política de Estado que significa disciplinamiento de la sociedad, ya sea a través de mecanismos como el 'gatillo fácil' para terminar con la vida de los pibes más pobres y más jóvenes de las barriadas humildes, y cómo a partir de la represión de la protesta social se van disciplinando aquellos factores que pueden llegar a cuestionar el sistema", detalló en integrante de la Correpi. Publicó, Análisis Digital.