Después de semanas de idas y vueltas signadas por un apurado proyecto de Emergencia Educativa cuya autoría se fue desdibujando entre el rol de un grupo de padres autoconvocados y el Gobierno, frente a una férrea negativa de la oposición que, desde el vamos, se negó a discutirlo, llega hoy a Diputados un nuevo proyecto para sentar las bases de un pacto educativo.

En un año atravesado por las aulas vacías, en el marco de un conflicto salarial que fue derivando en otros ejes, la necesidad de recuperar la educación como una política esencial de estado, se hizo imperiosa.

TiempoSur tuvo acceso ayer al proyecto que en la jornada de hoy tomará estado parlamentario -esto no significa que su tratamiento vaya a darse en la sesión de este día- y que llega tras el retiro de las iniciativas que habían sido presentadas por parlamentarios del oficialismo y que, a juzgar por la ADOSAC, coartaban el derecho a huelga de los educadores.

En su artículo primero, el proyecto que lleva las firmas del jefe de la bancada del PJ/FPV, Matías Mazú, Matías Bezi, Claudio García, José Bodlovic y Javier Flores hace un llamado a la celebración de un “Acuerdo Social Educativo” entre todos los actores que participan e intervienen en la educación pública y privada de Santa Cruz, en sus distintos niveles y modalidades.

La idea primogenia no es otra que “evaluar y fortalecer la continuidad, calidad y contenidos en el proceso de enseñanza”, bajo la premisa de cumplir con la Política Educativa Provincial plasmada en la Ley Provincial  Nº3305.

Para eso, el Gobierno entiende necesario crear una mesa de trabajo, integrada por “tres representantes del Consejo Provincial de Educación, que serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial, y cinco legisladores, que serán designados por dicho Honorable Cuerpo, garantizando la representatividad de las minorías parlamentarias”.

Pero también serán invitados a integrar la misma “representantes de los docentes, padres de alumnos, centros de estudiantes, cámaras empresariales, representantes de las distintas iglesias y distintos organismos comprometidos con la temática”.

Este dispositivo de discusión púbica deberá esforzarse en dar “amplia difusión” a sus convocatorias en todo el ámbito de la provincia, “garantizando la participación efectiva de todas las jurisdicciones municipales y comisiones de fomento” para concertar las bases y lineamientos del acuerdo que debe llegar, básicamente para que el daño de los desencuentros no perjudique al ámbito estudiantil.

 

De los argumentos

Entre los argumentos se puede leer que el oficialismo reconoce la necesidad de “reconstruir” el sistema educativo “que hoy atraviesa una profunda crisis” y que, de ser cierto que existen tantas inquietudes sobre la calidad de la educación santacruceña, pues entonces es este dispositivo el ámbito para recepcionarlas, para echar las bases “de un modelo provincial que, con la educación pública como eje, se distinga en la creación de la igualdad de oportunidades de todos sus habitantes”, describen.

La característica de la mesa permanente de debate es que irá definiendo el temario según las características de las localidades involucradas y el número de sus integrantes, “debiendo entre sus funciones realizar convocatorias, reuniones plenarias y foros en todo el ámbito de la provincia, asegurando la más amplia participación y publicidad”.