El escándalo fue dado a conocer por la Agencia de Prevención en Espectáculos Deportivos (APREVIDE), que depende del ministro de Seguridad Crisitian Ritondo, y difundido por el diario deportivo Olé. De acuerdo a esa fuente, el funcionario habría sido el responsable de avanzar en el procesamiento del comisario de la Novena, del barra Camilieri y de jefes policiales de la Provincia.

“La situación está en un punto límite porque la caja que se intenta cortar es gigantesca y hay cierto temor de que haya una reacción policial en los estadios provocando a los hinchas para generar violencia y hacer zozobrar al ministro”, advierte Grabia en la nota publicada por el diario deportivo.

“En el partido del Lobo frente a Independiente del 8/5/16, la Infantería detuvo a 15 barras, los subieron al camión y los derivaron a la comisaría novena. Todo quedó filmado por cámaras de seguridad. Pero el parte del día posterior marcaba sólo un detenido: la sospecha es que la barra compró la libertad del resto. Por este hecho en principio la Justicia fue contra la Aprevide y el fiscal Marcelo Romero procesó a Lugones y otros dos funcionarios, pero las filmaciones aparecieron tras el trabajo de Asuntos Internos y amenazan con dar un vuelco en la causa”, detalló el periodista que investiga la red de complicidades en torno de la violencia en el fútbol.

Grabia relata que “al siguiente partido del Lobo de local, contra Colón, la complicidad quedó al desnudo: en imágenes filmadas otra vez por Asuntos Internos se ve cómo el Volador negocia con la Policía poner parrillas de la barra en los ingresos del estadio, cómo entra a la cancha sin que nadie lo cachee o pare y se mete en las boleterías (¿para llevarse tickets?) y cómo al despedirse saluda con besos y abrazos a los oficiales que debían impedirle su accionar. Como si fuera poco, al final del partido acerca sin que ningún policía lo impida a la barra de Colón hasta la zona cercana a vestuarios. Sí, a los de Colón, aunque el partido era sin visitantes”.

Con relación al dinero que la fuerza de seguridad sobrefactura a los clubes, el informe detalló que “la Bonaerense sólo manda el 60% de los efectivos que cobra y hubo que devolver más de un millón y medio de pesos a los clubes por diez partidos investigados. Una fortuna que los jefes cobraban por servicios no prestados y sí facturados, dinero que nadie sabe dónde iba a parar. Por esto, quedaron en la mira los capos policiales de Avellaneda, Lomas de Zamora, Quilmes, San Martín, Morón y San Fernando”.