La documentación histórica que aportó el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente no sólo devela la lista con las 293 víctimas que estuvieron secuestradas en la ex Jefatura de Policía, sino también quiénes fueron los oficiales, suboficiales y agentes que integraron la “patota” del Servicio de Información Confidencial (SIC), liderada por el represor Roberto “El Tuerto” Albornoz, hoy imputado en el juicio oral y público que se sigue por violaciones a los derechos humanos cometidos en ese centro clandestino de detención.

En la audiencia de ayer, los jueces del Tribunal Oral Federal decidieron postergar para el próximo martes la segunda parte del testimonio de Clemente, quien deberá responder ese día las preguntas del fiscal federal Alfredo Miguel Terraf, de los querellantes y los defensores respecto a los dos biblioratos que entregó el martes pasado en medio de su testimonio.

Clemente contó que mantuvo esa documentación en secreto durante 33 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su polémico relato, sostuvo que fue secuestrado el 23 de julio de 1976 y meses después le propusieron ingresar a una oficina administrativa del SIC, donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos, en momentos en que la mayoría de los papeles se arrojaba a una fogata.

En los dos libros también figuran fotocopias de 28 fotografías de personas, que en muchos casos tienen la indicación “NG” (nombres de guerra), una lista denominada “Operativos aprobados pendientes de ejecución” que contiene los nombres de 28 personas, otra titulada “Nómina de DS que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”, que incluye los nombres de 36 personas.

La lista con los 293 nombres de los detenidos-desaparecidos que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura generó una gran sensibilidad en sus familiares que en medio de llantos buscaron a sus seres queridos para saber cuál fue su destino: DF (Disposición Final) o DL (Disposición Libertad).

Del otro lado, la nueva prueba cayó como un balde de agua fría al represor Albornoz, a tal punto que su abogado defensor Ezequiel Avila Gallo (h), al iniciarse la audiencia de ayer, insistió en que se rechace esta documentación. “Es una prueba de cargo sobre la cual el imputado no ha podido defenderse”, sostuvo el letrado, quien luego de que el TOF rechazara su planteo advirtió que recurrirá a la Cámara de Casación Penal de la Nación.