La Casa de los Niños “Madre del Pueblo”, la Casa de los Bebés, la Casa Joven y la Casa de los Niños “Chispita”, todas de la obra fundada por el padre Carlos Cajade, no abrieron sus puertas en lo que va del año a raíz de la deuda que el Estado provincial mantiene con las organizaciones que se ocupan de la protección integral de la niñez.

“Nos siguen tomando el pelo”, plantean desde la institución que a través de esas casitas atienden diariamente a 250 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La Provincia debe el pago de cuatro meses de “becas”, las cuales además se han tornado insuficientes para afrontar el trabajo cotidiano. "El monto permanece inalterado desde 2009, completamente depreciado por la inflación de precios de los últimos cinco años", plantean.

Este verano, la Obra de Cajade llegó a una situación límite: todavía no pudieron pagarse los sueldos de diciembre y enero de cocineras y educadores (ingresos que rondan los 900 pesos). Y a los administradores no les quedó otra alternativa que cerrar las casas de día, que permanecerán así hasta que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires pague la totalidad del monto adeudado.

Dos semanas atrás, tras el cambio de ministro (Martín Ferre, que asumió como Secretario General de la Gobernación, fue reemplazado por Eduardo Aparicio), el nuevo titular de la cartera de Desarrollo Social recibió a las autoridades de la Obra y se comprometió a liquidar la mitad de la deuda el lunes 17 de febrero.

Este viernes "tras no haberse registrado ningún pago, el presidente de la Obra, Daniel Cajade se comunicó al celular del ministro, que en fuerte tono le informó que no podía hacer nada y que el pago estaría recién la última semana de febrero", dice el comunicado emitido por la obra.

“Ante el nuevo incumplimiento, ya no podemos creer en la palabra de las autoridades provinciales”, expresó Cajade.

Mientras tanto, las casitas siguen cerradas: se trata de 250 chicos, chicas y adolescentes que no reciben comida ni tienen su espacio habitual de recreación; de familias que no tienen donde dejar a sus hijos, ni reciben asistencia jurídica, psicológica y odontológica. Y de trabajadores que se desempeñan en condiciones precarias y ya no pueden cobrar "ni la miseria que percibían hasta fines de 2013, mientras sufren la angustia de no poder desarrollar un trabajo por el que dejan la vida".

La obra enmarca esa situación en un contexto global: "Hoy el sistema de protección de la niñez atraviesa una situación crítica por el vaciamiento presupuestario y las organizaciones en las que el Estado delega esa función primordial ya no tenemos más recursos para cumplir con las obligaciones alimentarias, sanitarias, educativas y recreativas de los pibes de nuestros barrios", dicen.

Y agregan: "Esta alarmante situación consta en la denuncia que presentamos en septiembre junto a 50 organizaciones de la Provincia en el juzgado en lo contencioso administrativo Nº 3. En esa presentación, que obra en un expediente de once cuerpos, se demuestra cómo actualmente el Estado lesiona 'con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos constitucionales, individuales y colectivos, de niños, niñas y adolescentes, e instituciones dedicadas a la protección y promoción integral de los derechos de la niñez y adolescencia'”.