Era una suerte de “empresa familiar”: una mujer se encargaba de regentearlo, su hijo administraba el dinero que obtenían que la explotación de las mujeres y uno de los dos hermanos prófugos sería el encargado de captar y trasladar a las víctimas desde Paraguay, mediante engaños. Además, está implicado en la causa –aunque excarcelado- un marino de la Base Naval que era músico de su Banda.

La tarea investigativa llevaba más de un año cuando el pasado 6 de agosto, el sujeto que sería el encargado de reclutar chicas –fundamentalmente en Paraguay- fue capturado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La actuación de esta fuerza tiene que ver con la “confiabilidad”, ya que en investigaciones por delitos federales, la lupa suele estar también sobre el personal policial. Incluso, en una de las causas por el delito de trata que ya fue elevada a juicio, está implicado un agente de la bonaerense.

El otro prófugo había sido apresado durante Semana Santa, después de una investigación que incluyó a una red social de Internet para consumar el arresto, según informó una fuente judicial.

El último detenido es el eslabón final –o inicial- de una organización que se encargaría de captar, trasladar y explotar sexualmente a mujeres, en su mayoría jóvenes y adolescentes, en uno de los privados más antiguos de la ciudad, situado en 20 de Septiembre 57. Aunque las hacían dormir “en las mismas habitaciones donde ‘trabajan’”, -relató una nota del periodista Guillermo Villarreal- les cobraban por gastos y seguridad : en ese rubro estaban el alquiler, la luz, el papel higiénico y hasta los preservativos”.

Este prostíbulo fue uno de los sitios donde la Fundación La Alameda realizó cámaras ocultas. Estaba abierto, en diciembre del 2009, a pesar del allanamiento realizado ese año que terminó con sus dueños procesados. Allí lograron entablar un diálogo con una chica paraguaya, quien les comentó que eran siete en total.

- Yo el fin de semana largo trabajé hasta las 10 de la mañana, pero ya no aguanté –confió la joven.

Si bien una primera parte de La Casita Azul ya estaba para ser elevada, incluso con la detención de uno de los prófugos en Semana Santa, el último arresto a principios de agosto demoró el trámite. La intención es elevar la causa completa. En cuatro meses, podría hacerse el pedido de elevación, lo que no implica el inicio del juicio, que se realizaría el año próximo. Ya hay tres causas de trata que fueron elevadas.

LA OFICINA DE RESCATE QUE NO RESCATA

En la fiscalía federal están radicadas también las causas que se abrieron después de una denuncia realizada por La Alameda, a principio de año. Tres allanamientos a privados quedaron caratulados por el delito de trata –por violación a la ley de profilaxis 12.331-: uno ubicado en Salta al 1300, otro en Ayolas al 2900, y el tercero en Falucho al 4000. Sin embargo, la clausura definitiva sólo radicaría en el prostíbulo de la calle Falucho. Otro de los prostíbulos allanados a principios de febrero y que seguiría con sus puertas abiertas es uno ubicado en Sarmiento al 2800, en diagonal a la vieja terminal y a unos 150 metros de la Policía Federal. Así lo denunciaron los vecinos de la zona.

En la causa Alameda, confiaron fuentes judiciales, existe un pedido de explicaciones por parte de la fiscalía a la Oficina de Rescate y Asistencia a la Víctimas del Ministerio de Justicia. Si bien habría informes contundentes respecto a las víctimas, nunca las rescataron. “Con el argumento de ser mayores de edad no fueron asistidas”, cuestionaron desde La Alameda.

VÍCTIMAS SIN ASISTENCIA

El relato de las víctimas de las redes de trata se torna fundamental para las investigaciones. En la causa del privado “Las Chicas de Beruti” las jóvenes relataron que no las dejaban salir ni hablar por teléfono. El delito queda en evidencia.

Las jóvenes de los privados que se allanaron en febrero y que dejaron en libertad por ser mayores de edad, posiblemente hayan caído nuevamente en la esclavitud sexual: lejos de su país, sin dinero ni posibilidades no existen muchas otras salidas para ellas.

Incluso, fue noticia que un hombre imputado por el delito de trata quedó en libertad “por falta de mérito”, porque las jóvenes explotadas en el privado de Ayolas no pudieron ser localizadas para brindar declaración. Sus datos nunca habrían sido registrados.

El Concejo Deliberante aprobó sobre finales de mayo dos ordenanzas que esperan ser promulgadas y reglamentadas. Una de ellas apunta a quitar y prohibir las habilitaciones de lugares que figuran como cabarets, bares o wiskerías y que esconden la explotación sexual y la posible trata de personas. La otra, busca la asistencia integral de las víctimas. La intención es “contener la situación de emergencia social que las afecta”. Todas las fuerzas políticas votaron a favor de las normativas, sólo falta la decisión política de hacerlas valer.