Luis Nolberto Carrizo, juez de Paz de Quimilí es el nuevo detenido en la causa que se lleva adelante por la supuesta defraudación al Estado provincial en la venta de tierras fiscales. Los efectivos policiales arribaron ayer en la mañana a la ciudad cabecera del departamento Moreno y cumplieron con lo dispuesto por el juez interviniente, secuestrando algunos elementos probatorios que serán sumados al expediente.

Tal como lo había anticipado EL LIBERAL en su edición de ayer, la nueva detención se produjo de manera sorpresiva. Personal de la División Homicidios y Delitos Complejos de La Banda, se apersonó en la vecina ciudad y en primer lugar procedió a la detención de Carrizo en las oficinas del Juzgado de Paz, del cual es el titular, para luego dirigirse al barrio Ezeiza donde tiene fijado su domicilio y se allanó el inmueble.

Carrizo está acusado de conformar junto a Ramón Segundo Coria y Ernesto Spengler una asociación ilícita en perjuicio del Estado provincial y otros. La banda se hacía pasar por enviados del gobierno ofrecían terrenos fiscales a inversores del interior y de otras provincias a cambio de millonarias comisiones.

Además de proceder a su detención, de las oficinas de Carrizo secuestraron varios sellos que eran utilizados para la certificación de firmas, los cuales habrían sido empleados en documentos que formaron parte de las maniobras concretadas por los imputados.

En la casa del acusado habrían secuestrado algunos documentos que serían afines a la investigación. Todo ello será incorporado a la investigación que lleva adelante el Dr. Darío Alarcón, juez del Crimen de Tercera Nominación.

Cabe recordar que los acusados habrían empleado documentación y expedientes adulterados con membretes de diversos organismos provinciales y utilizado sellos truchos de altos funcionarios de la provincia.

El procedimiento se habría extendido por más de cuatro horas, y luego los efectivos dieron por finalizada su tarea. 

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que se trata de determinar si contaron con la complicidad de empleados de algunos de los organismos.