La policía detuvo mientras caminaba por las calles de Loreto, al ex intendente de esa ciudad, Quinto Enio Mastroiacovo. Al ex jefe comunal se le endilga haber desviado más de un millón de pesos que la Nación había destinado para la construcción de viviendas durante su gestión.

Mastroiacovo fue apresado por personal del Departamento Judicial de la Policía de la Provincia, ayer en horas de la mañana en la intersección de las calles Daer y Sarmiento. Según se supo, el hecho lo tomó por sorpresa, pero no opuso resistencia alguna.

Fue trasladado a Santiago, y habría quedado alojado en la División Delitos Económicos, a disposición de la Justicia interviniente.

Justamente la jueza de Crimen de Quinta Nominación, Dra. Rosa Falco, había ordenado la detención hace poco más de una semana, haciendo lugar al dictamen de la fiscal Dra. Celia Mussi, quien había requerido la imputación y detención del ex intendente loretano.

De acuerdo a lo manifestado por fuentes ligadas a la investigación, Mastroiacovo fue imputado por el supuesto delito de "defraudación calificada en perjuicio de la Administración Pública y violación de los deberes de funcionario público".

El hecho

La historia judicial se inició el 7 de enero del 2011, ocasión en que Carlos Ramón Grigüeli, sucesor como jefe comunal del imputado, interpuso una acción penal en su contra.

En su presentación, el denunciante expuso que el 8 de marzo de 2006 la comuna y el Ipvu establecieron un convenio para la construcción de 50 casas, según el programa nacional Plan Solidaridad Habitacional, proveniente de la Nación.

Grigüeli detalló oportunamente que el acuerdo determinaba la edificación de 5 grupos habitacionales de 10 casas cada uno. Con los meses, se adosó otro convenio por 10 baños, también con las mismas condiciones.

Terminó la gestión de Mastroiacovo y al asumir Grigüeli solicitó un inmediato relevamiento, cuyas conclusiones habrían confirmado que los fondos fueron remitidos desde la Nación, aunque el medio centenar de casas nunca se habría concretado en su totalidad.

De acuerdo con la documentación, el Gobierno nacional desembolsó $ 24.000 por cada inmueble que multiplicados arrojan fondos superiores al $ 1.200.000. Esa cifra, según el denunciante, no estaba presente en los ingresos colectivos ni en documentación o compromiso alguno.

Una inspección ocular realizada en su momento determinó que sólo se habían construido 20 casas, y que habían sido edificadas de forma precaria.