Por esa razón, el tribunal encomendó al magistrado que lleve a cabo "todas aquellas diligencias orientadas a la producción de diligencias probatorias" de las imputaciones y que, solo después, "evalúe de qué forma han afectado el ordenamiento penal y quiénes son eventualmente los responsables".

"El hallazgo de elementos que puedan sugerir la existencia de un ilícito o la intervención de otras personas en hechos que están siendo investigados, no puede determinar sin más al dictado de una orden de detención", apuntaron los jueces.

La Sala ya había advertido a Oyarbide, según consta en el fallo, sobre la necesidad de una "eficaz dirección de las pesquisas". Pero el tiempo transcurrió y el proceso no avanzó hacia la dilucidación de los sucesos "por el universo de constancias que se aúnan sin norte a una desordenada instrucción", de acuerdo a lo expresado por los camaristas.

En la misma línea, los magistrados se refirieron en otro tramo del documento a la exposición de Oyarbide ante los medios. Al respecto manifestaron que el juez "incorpora, bajo alegadas reglas de conexidad, múltiples sumarios, a la par que se desdibuja los límites entre el derecho a la información y el carácter reservado que el sumario posee respecto de quienes son ajenos a él".

La causa de la "mafia de los medicamentos" investiga la existencia de irregularidades en la comercialización de remedios adulterados de alto costo. De las maniobras, de acuerdo a las investigaciones de la justicia, participaban los responsables de droguerías y obras sociales sino también funcionarios de las áreas estatales relacionadas con la salud.