A través de un documento firmado por María E. Ale, Cristina Ponce, Mara Luján y Lucy Grimalt, integrantes del Movimiento Social de Mujeres, el colectivo destaca “el énfasis puesto por las autoridades para controlar y clausurar lugares donde se regentea la prostitución y se trafica con personas, es un paso fundamental para combatir el delito de trata”. No obstante, señalan que el cierre de estos espacios por parte de las autoridades gubernamentales “debe ser parte de una política integral para erradicar la trata de personas con fines de explotación sexual; la que no desaparece solamente cerrando estos lugares públicos habilitados para otro fin comercial, que en la práctica funcionan como prostíbulos”, indican.

El comunicado recuerda que “en el año 2008 entró en vigencia la tipificación de la trata de persona como delito en Argentina, y está comprobado por la cantidad de víctimas encontradas en los allanamientos a prostíbulos que son el principal eslabón del circuito ilegal de la trata de personas, dado que cumplen dos funciones primordiales: las victimas llegan a los prostíbulos para la etapa de “ablande” (son sometidas a todo tipo de violencias para obligarlas a prostituirse, incluyendo el suministros de drogas), o directamente el prostíbulo es el lugar de la explotación sexual efectiva”.

Al respecto destacan que “la legislación provincial reafirmando la ilegalidad de los prostíbulos y las medidas adoptadas para hacer cumplir esta ley en el territorio provincial, impacta sobre la clandestinidad “naturalizada” del negocio de la prostitución, donde no sólo el proxeneta y el tratante ganan grandes sumas de dinero, sino también en la cadena de cómplices ‘sociales’ que viven a expensas de la explotación sexual”.

En otro párrafo refieren que “la interpelación social más significativa del cierre de los prostíbulos, es la de poner en debate la doble moral, la impugnación de un modo de ejercicio de la sexualidad masculina basada en el machismo que encuentra en la ‘penetración’ del cuerpo de una mujer a partir del pago de una suma de dinero, la habilitación para hacer cualquier cosa, utilizando violencia, estimulantes, lo que sea para alcanzar un ‘patológico’ placer”, sostienen.

“El cierre de prostíbulos saca a la luz al ‘cliente’, al consumidor de sexo pago, al prostituyente. Pone en escena a casi todos los actores de este delito aberrante que es la trata sexual de personas. Comienza a estallar en el imaginario social ¿qué hace el que paga por sexo en esos prostíbulos?; ¿qué hace si le ofertan a una niña o adolescente?, ¿la toma?; ¿qué hace frente a los moretones o las lastimaduras de la mujer a la que le paga?, ¿la ayuda?”, se preguntan las mujeres entrerrianas.

En este sentido comentan que “existe la trata sexual como negocio imponente, que justifica todos los riesgos, cometer todos los delitos, comprar las impunidades necesarias; porque existe una demanda sexual real. Existe el delito de trata de personas, de explotación sexual, porque existe el cliente prostituyente, el que paga por sexo, boca, vagina y ano. La Coalición Internacional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas sostiene que “este modelo de la sexualidad de dominio masculino tiene un profundo desdén por las mujeres, que reduce a una vida humana a unas condiciones de las que se puede aprovechar sexualmente. Esta conversión de las mujeres prostituidas en objetos sexuales constituye un espantoso proceso de deshumanización violatorio de todos los derechos humanos”.

Agrega el documento que el cierre de los burdeles que se ha llevado a cabo en la provincia, y que ya suman 26 desde que en diciembre último fuera promulgada la Ley Nº 10.186, que prohíbe la instalación en el territorio entrerriano de ese tipo de locales, “nos obliga a todos y a todas a mirar a estas mujeres víctimas. Sometidas y humilladas, denigradas y violadas hasta el cansancio. Aparece el cliente prostituyente, pero también se hacen visibles en toda su extensión las mujeres víctimas de los proxenetas, de los tratantes”, agregan luego.

“El cierre de los prostíbulos interpela a toda la sociedad entrerriana, ¿qué vamos a hacer con nuestra doble moral?, ¿quién pensamos que concurre a esos prostíbulos?, ¿quién creemos que son los que someten y violentan a adolescentes en los prostíbulos?, ¿será tal vez algún pariente, algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo?”, remarcan.

Asimismo se refiere al Poder Judicial, considerando que “tiene la gran responsabilidad de perseguir el delito de trata sexual, de investigar, de penalizar a los tratantes y proxenetas, de desarticular las redes mafiosas de trata de personas. Si no hace nada, se queda quieto, las mujeres víctimas de la trata sexual, seguirán siendo amenazadas, su instancia de reinserción social se verá entorpecida, y las niñas y adolescentes seguirán siendo vulnerables a este delito”, apuntaron.

“Queda mucho para hacer para erradicar una de las violencias contra las mujeres más destructiva y perversa: la trata con fines de explotación sexual, pero empezar cerrando los prostíbulos es un enorme paso político y social para tomar consciencia sobre qué sociedad machista basada en la doble moral sexual hemos construido; y para pensar qué sociedad fraterna e igualitaria con ejercicio de sexualidad plena y respetuosa de todas las personas, sin violencias ni sometimientos, podemos construir. Es una oportunidad”, concluye la nota.

El desafío gubernamental: "Prevenir para que las niñas y adolescentes no sean captadas por estas redes de trata o seducidas por proxenetas locales. Esto implica remover las causas económicas sociales y familiares culturales que construyen el camino hacia la prostitución forzada. Proteger y asistir a las victimas rescatadas en cada operativo de cierre de prostíbulos de manera responsable, con equipos de profesionales expertos, con recursos para atender todo tipo de contingencia que surja. El proceso de recuperación y reinserción social es lento, duro, difícil para las mujeres víctimas de la explotación sexual, por ese motivo dejarlas libradas a su suerte es condenarlas a que un nuevo proxeneta u otro tratante las vuelva a someter”, sostiene el documento.