"Si en el reclamo original, que tiene dos sentencias favorables, los beneficiarios son alrededor de 600, con los recortes que hizo el Gobierno ahora, cobrarían unos 250", precisó por estas Navidades una preocupada fuente de los amparistas.

Según el Ejecutivo, la iniciativa que remitió hace pocos días a la Legislatura no sólo ratificará “el Acuerdo Conciliatorio al que se arribó oportunamente (que) contempla la incorporación de un rubro remuneratorio denominado “Acción de Amparo por Intangibilidad” para Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial”, sino que además con la sanción de la norma “se concluye con el conflicto salarial existente con los Funcionarios indicados, así como con los juicios en trámite o que pudiesen iniciarse en un futuro inmediato, con el consecuente perjuicio fiscal para el erario público”.

El "pequeño" problema que crea la letra del proyecto es que según los magistrados altera de modo unilateral el Acuerdo Conciliatorio suscripto el 11 de mayo de 2012 entre el Fiscal de Estado de la Provincia y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut", al disponer que serán "abarcados por el mismo exclusiva y excluyentemente a los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público designados con Acuerdo de la Legislatura y los Secretarios Letrados, conforme lo normado en el artículo 170 de la Constitución del Chubut".

De acuerdo a la Asociación de Magistrados, tanto el Poder Ejecutivo como la Fiscalía de Estado intentan utilizar la sanción de la ley para desconocer un convenio que ellos mismos habían firmado.

Lo que se intenta ahora es el embargo de las cuentas del Estado Provincial, para hacer efectiva la ejecución de la sentencia que les dio la razón en primera y en segunda instancia. Si logran ese objetivo, además de la complicación fáctica que supone el no poder disponer de sus fondos, al Gobierno le significará el pago del monto total del reclamo y la caída de algunas concesiones que habían hecho los jueces, como por ejemplo el pago retroactivo de sus demandas.

La suma que está en juego, debe aclararse, es millonaria y sigue sumando intereses en los tribunales.