El número de empresas se ha reducido drásticamente, quedan solo seis cuando su número no hace mucho rozaba las veinte, y las sobrevivientes enfrentan una situación delicada.

El último caso conocido es el de Molto, que ayer cursó telegramas de despido a seis de sus trabajadores, a los que previamente se les había impedido el acceso a la planta cuando iban a tomar su turno la noche anterior. Pero el conflicto, que motivó reuniones de las que tomaron parte la empresa, trabajadores y delegados sindicales, marca un poco la tendencia de lo que ocurre en la industria. Ricardo Bertero, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, expresó que "La situación está tensa porque la empresa ha tenido una problemática en cuanto al tema del pago, no llegaron las transferencias, incumplió, y a raíz de eso comenzaron las medidas, se paró en los distintos turnos, y fuimos con la subsecretaría, se hizo la intimación y se le hizo una multa de 44 mil pesos".

Pese a las negociaciones intentadas, esos despidos aparecen como irreversibles hasta el momento. Molto tiene 690 empleados actualmente, y más allá de este caso puntual, la situación marca las dificultades que atraviesa la industria para cumplir con sus obligaciones, en este caso salariales.

Por otra parte, la situación de los planteles laborales no es simple. Por un lado un altísimo ausentismo de los trabajadores y la falta de personas que se presenten a las convocatorias de mano de obra. Desde el mismo sindicato reconocen que muchas veces el problema tiene que ver con los planes sociales. "Yo no digo que no se tengan que dar, pero debe hacerse con otro mecanismo, agrega Bertero. En algunos secaderos hay gente que tiene la prestación Básica Universal y dicen "yo me voy porque no voy a dar mis datos". No quiere que los blanqueen".

Esta temporada se pensó que iba a haber más personal ocupado al haber más frutas, sin embargo la situación demuestra que hay menos que el año anterior.

Otro de los golpes duros fue el de ASPA. Supo contener a 180 trabajadores, pero ahora está parada, y la última experiencia productiva que fue por un arrendamiento, estuvo muy lejos de funcionar bien, trabajaron dos o tres meses de manera absolutamente irregular y se fueron. Se espera que pueda abrir y dar trabajo, y desde el STIA esperan ser escuchados por las autoridades judiciales que intervienen en la causa para dar su punto de vista, aunque los intentos han sido infructuosos. La quiebra dictada ha sido recurrida por los dueños, que piden que se les permita un nuevo alquiler, pero se sabe que hay escepticismo en cuanto a este tipo de soluciones, que suelen tentar a aventureros y concluir en remedios peores que la enfermedad.

Cerca de 8.000 familias sanrafaelinas dependen directamente de esta actividad. Y sin políticas de fondo que la vuelvan viable y floreciente en el corto plazo, hay más dudas que certezas.