El padre Ramón Tenti, presidente de la Fundación Niños Para Un Mundo Mejor y párroco de Nuestro Señor de Mailín, consideró sobre la despenalización del consumo de drogas propuesta por el titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina, que “es necesario entender de qué se trata para poder tener una opinión formada al respecto”, aunque dijo que “es una contradicción con el proyecto preventivo” del organismo, “y con las líneas de política social que el gobierno ha impulsado en estos últimos años”.

“El proyecto del Gobierno nacional tiene como finalidad ‘evitar la criminilización de las personas que consumen’ y de esta manera transferir a otro ámbito la cuestión del consumo. En este sentido, la propuesta no está mal, porque evitaría victimizar penalmente al consumidor y proponer a la sociedad una mirada diferente respecto de los consumidores. Esta propuesta suele catalogarse de ‘garantista y progresista’ porque va en la línea de proteger los derechos de las personas, sobre todo evitando el abuso en la aplicación de la ley y de la mano represora del Estado”, puntualizó.

Sin embargo, dejó en claro su pensamiento de “que es una contradicción con el proyecto preventivo de la Sedronar, y con las líneas de política social de carácter universal e inclusivo que el gobierno ha impulsado en estos últimos años”.

Luego de reseñar los distintos modelos de prevención que se dieron desde la década de los 50, hasta “el nuevo modelo de sociedad, basado en una nueva ética humana que fomente la vida, la fraternidad, la solidaridad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, la libertad responsable para hacerse cargo de la realidad y fortalecer el bien común”, marcó ciertas contradicciones del discurso oficial.

Destacó las políticas sociales del Gobierno nacional, de igualdad de oportunidades, inclusión y fortalecimiento del acceso a los derechos de las personas, aunque advirtió que “parece absurdo que propongan despenalizar el consumo cuando todavía no se ha logrado satisfactoriamente la inclusión educativa, sanitaria, el acceso a la justicia, a la vivienda y demás servicios que hacen de las personas ciudadanos de primera, es decir partícipes directos del sistema democrático”.

“Más aún, contradictorio porque significa onsiderar la problemática desde un modelo de prevención, ético jurídico, que fue superado hace muchos años por otros modelos de intervención”, amplió.

Advirtió que si bien no se puede seguir criminalizando al consumidor, “en vez de despenalizar el consumo, que traería consecuencias nefastas para la sociedad, deberíamos ocuparnos, por mejorar la inclusión social y educativa, por proponer valores más humanos y éticos, por crear espacios de contención integral donde los niños y jóvenes puedan llevar una vida sana, por trabajar seriamente para ‘penalizar’ a los traficantes y a quiénes lavan dinero del narcotráfico, para proponer un tipo de ser humano que priorice opciones que lo ayuden a liberarse de todas las adicciones del tiempo presente”.

“Como diría Jesús, a ‘vinos nuevos, odres nuevos’. No se puede por un lado fomentar el consumo indiscriminado de bienes de todo tipo… modelos de relación humana superficiales, modos de participación política masificantes y anónimas, y un sistema de dádivas que envilece la condición humana, y por otro lado pretender tomar medidas seudo progresistas que no sólo no acompañarán el objetivo igualitario y democrático sino que lo empeorarán, generando una sociedad más adicta y manipulable”, concluyó.