El pedido de informes presentado por Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), impulsor de la Ley de Bosques, pretende que la Presidencia de la Nación, a través de la Secretaría de Ambiente, aclare sobre los dos casos de deforestación que se produjeron en la localidad de Los Pizarro (departamento La Cocha, 120 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán) en zonas que, por el ordenamiento territorial fijado por la Ley de Bosques, no se pueden talar. La situación fue difundida hace un mes por Primerafuente y ComAmbiental.

En el documento, Bonasso advirtió sobre su preocupación porque "los desmontes en esta zona se vienen produciendo hace bastante tiempo" y la Ley de Bosques parece que no modificó el panorama. Uno de los efectos notorios de la deforestación indiscriminada es un fuerte desequilibrio hidrológico. En efecto, recordó que el alúd que arrasó Tartagal, Salta, en 2006 fue un motivo para sancionar y reglamentar la demorada ley.

Los casos de talas ilegales reconocidas por el Gobierno

Oficialmente, la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos detectó, hasta mayo pasado, dos desmontes ilegales en el citado. El primero de ellos, en enero, cuando se comprobó que 60 hectáreas de bosques nativos habían desaparecido. El responsable fue el propietario de esas tierras, Antonio Jalil, ex secretario General de la Gobernación del gobernador José Alperovich.

Flora y Fauna permitió a Jalil afectar 40 hectáreas para un proyecto agrícola. Por el desmonte de las 20 hectáreas excedentes se le aplicó una multa económica que le permitió explotar la totalidad de la superficie arrasada.

Si se hubiese aplicado la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331 por el desmonte excedente, además del pago se tendría que haber reforestado con especies nativas.

“El permiso otorgado a Jalil para desmontar esa zona se otorgó antes de la Ley de Bosques y cuando aún yo no estaba en el cargo. Hoy eso no podría hacerse ya que la zona en cuestión se halla dentro de la categoría amarilla o roja de la Ley de Bosques. Sólo se conceden autorizaciones para áreas verdes”, explicó en esa oportunidad a Primerafuente el director de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de Tucumán, Daniel Manso.

El otro caso detectado se dio en la misma zona de Los Pizarro, en un sitio conocido como El Nogal donde se tiraron abajo 40 hectáreas ricas en especies arbóreas como ceviles, pacarás, lapachos y palos lanzas. Según Manso, el hecho se produjo en un campo que perteneció a la firma Sucesión Salomón Jalil, también ligada al ex funcionario alperovichista.

La opinión de abogados ambientalistas

Por su parte, ComAmbiental consultó a los abogados Carina Quispe de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) sobre el caso en que se admitió la responsabilidad de Jalil. Las respuestas fueron diferentes.

Debido a que la promulgación de la Ley de Bosques suspendió el otorgamiento de nuevos permisos de desmonte hasta que la provincia establezca su ordenamiento territorial y la reglamente, esto significa que el permiso que tuvo Jalil para desmontar en una zona que hoy está prohibida fue a más tardar, antes de diciembre de 2007. ¿Tenía derecho a efectivizarlo recién entre diciembre y enero últimos? ¿Qué ley se aplica para las 20 hectáreas que no tenían permiso?

Para Quispe: "En principio, si los permisos fueron dados antes, se deberían respetar porque la Ley no estaba vigente. Pero en contracara se puede mencionar el caso Dino Salas en la provincia de Salta que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que en el marco de una causa concreta, precisamente se suspendió la aplicación de permisos dados de manera 'alocada' justo antes de la sanción de la Ley, hasta que no se realizara una evaluación de impacto ambiental estratégica (acumulativa) para saber si el desmonte no iba a ocasionar un daño grave. Entonces habría que ver ¿en qué condiciones se otorgó el permiso? ¿Cuánto tiempo antes de la ley?"

Y agregó: "De todas formas, siempre sostengo que en estos casos tendría que haber presentado una evaluación de impacto ambiental antes de desmontar, tal como lo establece la Ley General del Ambiente vigente desde 2002, aunque nadie se lo exija".

Para Viale: "Nosotros creemos que no hay derecho adquirido en materia ambiental. Es como la empresa Barrick Gold diciendo 'yo tenía derechos antes de la Ley de Glaciares'. El Derecho Ambiental es esencialmente dinámico. Por ejemplo con el DDT y el agente naranja nadie puede decir que tenía derechos adquiridos para utilizar esas sustancias una vez que se conoció su nocividad. En este caso es lo mismo. Si hay una ley que protege el ambiente es un derecho colectivo superior al derecho individual particular de desmontar en su propiedad".

Por otro lado, considerando el alto cargo que ocupó Jalil junto al actual gobernador de Tucumán, José Alperovich, y que los vecinos del lugar no obtienen permisos para desmonte, ¿puede tratarse el caso por tráfico de influencias?

Quispe expresó: "Teniendo en cuenta que en el entorno del terreno desmontado no se otorgan permisos de desmonte por la aplicación de la ley, y si bien la ley es posterior al permiso para las 40 hectáreas no tenía lógica que se otorgara para las 20 hectáreas extras porque se mira en conjunto. Son esos lugares borrosos de la ley".

Viale respondió: "No tengo el caso pero podría ser tráfico de influencias. Habría que investigar. Por ejemplo, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, está denunciado por tráfico de influencias por tener relaciones comerciales con la Barrick". En el documento, Bonasso advirtió sobre su preocupación porque "los desmontes en esta zona se vienen produciendo hace bastante tiempo" y la Ley de Bosques parece que no modificó el panorama. Uno de los efectos notorios de la deforestación indiscriminada es un fuerte desequilibrio hidrológico. En efecto, recordó que el alúd que arrasó Tartagal, Salta, en 2006 fue un motivo para sancionar y reglamentar la demorada ley.