¿Será la Legislatura caja de resonancia de todos los conflictos sectoriales que hay y habrá este año en Neuquén? Así parece indicar la recurrencia a los diputados de entidades sindicales y empresarias que no encuentran una respuesta en el Ejecutivo provincial, o al menos no encuentran la respuesta que ellos querrían.

Lo que no se sabe es si desde la Legislatura podrá ofrecerse alguna solución, en un contexto donde los tres poderes del Estado dependen del mismo presupuesto.

Este miércoles, acudieron al parlamento provincial los colegios de profesionales: kinesiólogos, médicos, farmacéuticos, psicólogos y bioquímicos llegaron con la premisa de obtener algún tipo de solución para sus acreencias con la obra social provincial, que depende del ISSN.

El encuentro había sido convocado por los diputados Ariel Kogan (PJ) y Marcelo Inaudi (UCR). Pero además participaron otros legisladores: Soledad Martínez, Fanny Longo y Horacio Rachid. Todos escucharon de boca de los representantes de los colegios de profesionales detalles de "la grave situación", y se dijo con mucho dramatismo que hay casos donde la obra social provincial debe "hasta tres meses" de prestaciones.

Obviamente, se dejó en claro que la presión se hará con advertencias de corte de servicios, por el "profundo malestar" que genera la falta de pago.

Los diputados pusieron sobre la mesa el proyecto de ley recientemente presentado, por el cual se establecería un régimen automático de depósito de aportantes a la obra social, y también de pago para los prestadores, con garantía personal de los funcionarios que revisten en el Instituto.

Los profesionales "dieron explícitas muestras de apoyo", se informó al cabo de la reunión.

Ariel Kogan sostuvo que "es útil y oportuna la utilización de la herramienta que proponemos en este proyecto, porque servirá para resolver el problema actual y anticiparnos a consecuencias mucho más graves".

Según el legislador, la propuesta "lejos de provocar inconvenientes al gobierno, ayudaría a resolver definitivamente" la situación.

El radical Marcelo Inaudi explicó que la iniciativa "asigna responsabilidades personales y patrimoniales a aquellos funcionarios que no cumplan puntualmente con los pagos al ISSN", y aseguró que tal actitud sería "causal de remoción o destitución":

Tanto Kogan como Inaudi tienen previsto coordinar una reunión con todos los gremios estatales para avanzar en el análisis del proyecto de ley. Se descuenta que desde ese sector también habrá apoyo.