La denuncia por usurpación de inmueble que la Municipalidad de Pergamino le inició a unas once familias que construyeron sus viviendas en el predio ubicado en el Segundo Cruce en la intersección de las rutas Nº 188 y 32, fue desestimado por la Fiscalía Nº 7, que resolvió concluir el proceso penal por no advertir la existencia de un hecho ilícito que amerite la intervención del Ministerio Fiscal.

Los vecinos residentes y ocupantes -en algunos casos con más de 16 años ininterrumpidos- de este predio sin subdividir, sin nomenclatura catastral y que no tiene titular registral según explicaron, se manifestaron afectados moralmente por “la falsa denuncia” y enviaron una nota al Concejo Deliberante solicitando que “se impida la repetición de procedimientos antijurídicos y antisociales por parte de la Municipalidad” y “un tratamiento y medidas acordes a la gravedad de la problemática”.

La carta enviada al cuerpo deliberativo manifiesta lo siguiente: “como señala en su resolución la señora agente fiscal ninguno de los ocupantes del predio sobre el cual hemos construido pequeñas y muy precarias viviendas que constituyen nuestro único hogar familiar hemos ejercido violencia o clandestinidad, amenazas y/o abuso de confianza para ocupar y poseer con verdadero ánimo de dueños el inmueble en cuestión; sólo lo hemos hecho empujados por nuestra desesperación por tener un techo bajo el cual refugiar a nuestra familias y ante el desamparo provocado por la pobreza y la ausencia de políticas estatales que nos posibiliten el acceso a una vivienda digna. Pero además, ha sido la propia Municipalidad de Pergamino, a través de sus distintas agencias y funcionarios la que nos alentó a ocupar el predio y nos proveyó en muchos casos de materiales de construcción y asistencia. Esto nos ha causado un gran sufrimiento moral y hemos sentido además que el mismo Estado Municipal que nos debe protección o que por lo menos debería allanar los obstáculos para que podamos vivir con un mínimo de dignidad impulsara nuestra persecución penal a partir de una falsa fundamentación y no eligiera, como sabiamente señala la fiscal del caso, otras vías y mecanismos para resolver una problemática.

“No es la criminalización de los problemas sociales el camino idóneo para encontrar soluciones que deben provenir de los esfuerzos de funcionarios políticos para cumplir con los preceptos constitucionales como, por ejemplo, garantizar a través de su gestión el acceso a los habitantes de una ciudad el acceso a una vivienda digna.

“Seguramente los problemas de inseguridad que padece la ciudadanía se verán agravados si desde el propio Estado se insta la movilización del aparato represivo y judicial penal para investigar y perseguir conductas que nada tienen de ilícitas y que por el contrario nacen de las graves y persistentes falencias gubernamentales y los graves problemas sociales irresueltos en Pergamino y en la Argentina.

“Somos y nos sentimos ciudadanos integrados a nuestra comunidad, y como tales, comprendemos que si existiera la necesidad de realizar una obra de supremo interés público que beneficiaría a la ciudad, no queremos convertirnos en el obstáculo insalvable para su realización, pero acudimos a los señores concejales, representantes de los ciudadanos de Pergamino, para que se adopten medidas que contemplen nuestra legítima aspiración al acceso a una vivienda digna.

“Asimismo, solicitamos que a través de procedimientos idóneos se impida la repetición de acciones antijurídicas y antisociales por parte de la Municipalidad, como el de la infundada denuncia que se radicara contra nosotros. Si el Estado es el ordenador natural de los comportamientos considerados legales y socialmente adecuados y comete estos dislates, con qué autoridad moral se puede exigir a la ciudadanía su contribución a una vida social más tolerante, menos violenta y más solidaria y apegada a la ley”.

“Esperando un tratamiento y medidas acordes a la gravedad de la problemática involucrada en el caso que se trae a vuestro conocimiento y consideración, los saludamos atentamente”.