En cuanto al “error” que tuvo el ex Fiscal de Estado, Diego Carmona para firmar la addenda, indicó que hay muchas formas de terminar los litigios cualesquiera sean los contendientes, “entre particulares es habitual que se termine con una sentencia pero entre la Nación y los estados provinciales el proceso es el desistimiento, por eso un convenio que se celebra entre abogados para llevar procesos de esta característica debe prever que cuando no hay resultados no hay honorarios, es probable que ahora tengamos que discutir estas cosas que debieron haber sido especificadas en el convenio pero que no están, yo lo hubiera hecho expresamente pero Carmona no escribió todo lo que debió escribir”.

Explicó que dos de los juicios se iniciaron por regalías presuntamente mal liquidadas desde el año 1990 hasta el 2008, “la Fiscalía de Estado en el 2004 y 2008 contrató a un estudio jurídico para participar en el proceso y llevarlo adelante. Se firmó un convenio de honorarios que está vigente pero que es a resultado, lo que implica que la participación en el cobro de los honorarios depende del ingreso que tenga la provincia”.

Indicó que ante el desistimiento de la provincia, no habrá ningún ingreso y seguramente será motivo de una discusión judicial para ver si le corresponde o no los honorarios a los abogados contratados.

El Fiscal recordó que además de un estudio jurídico de Capital Federal hay una consultora técnica, una contadora pública nacional de Neuquén que según la addenda firmada por el ex Fiscal de Estado, Diego Carmona se le deberá pagar el 5% de la suma que resulte a favor de la provincia, “me llama la atención que haya que pagarle en efectivo, supongo que habrá querido decir que no es un pago en especie, porque el Estado siempre pagó en efectivo”.

Explicó que el programa de desendeudamiento surgió en el año 2010 por el decreto 660 que, para acceder a los beneficios las partes deben poner fin a los conflictos judiciales, “en el contexto legal y político de los 90 se produce una variación de petróleo de boca de pozo y en mi opinión no hay ningún fallo que afirme esto, en ningún momento la Corte Suprema se pronunció y por eso todas las provincias desistieron de los juicios, así que este proceso no se ganaba”.

Al ser consultado sobre si la Fiscalía de Estado puede tercerizar los servicios contratando otros abogados, Blas Mesa Evans indicó que el Estado puede contratarlos, “pero hay una disposición expresa constitucional que cuando un organismo contrata abogados debe ser aprobado por la Fiscalía de Estado pero no dice nada cuando la contratante es la Fiscalía de Estado, aunque se supone que puede hacerlo”.

Indicó que en la addenda que firmó el ex Fiscal de Estado, Diego Carmona tiene dificultades porque no se escribió todo lo debido, “son cinco juicios, dos son regalías, dos por la coparticipación del impuesto al cheque y uno por la inconstitucionalidad de una ley”.

El contrato que firmó el ex Fiscal de Estado, Diego Carmona y actual subsecretario de Seguridad el 29 de junio de 2010 con la contadora Pública Nacional, Elsa Frattari de Neuquén establece en su cláusula sexta que “la consultora” percibirá por todo concepto, las sumas que por honorarios profesionales se determinen en sede judicial e integren la condena en costas, de acuerdo a lo normado por el artículo 461 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los que serán abonados previa acreditación de ingreso al Estado Provincial de las sumas obtenidas, o de la efectivización del reconocimiento de los derechos económicos que al Estado provincial se le asignen como consecuencia de los acuerdos a los que arriben las partes en juicio para cancelar total o parcialmente el reclamo (bonos, obras, créditos a favor de la provincia o cualquier otra forma de cancelación de deudas del Estado Nacional). En ambos casos la provincia abonará contado efectivo los honorarios de la consultora en el 5% de la suma que resulte a favor de la provincia de Chubut o fuera acordada por la provincia.

El documento se suscribe con carácter de addenda del Convenio suscripto con fecha 15/11/2004 con el objeto de brindar mayor transparencia al proceso, costos y honorarios, las partes acuerdan modificar parcialmente la cláusula sexta dejando expresamente señalado que la provincia abonará contado efectivo los honorarios de la Consultora en el 5% de la suma que resulte a favor de la provincia.

“Seguramente que el Gobernador habrá evaluado la conveniencia para la provincia del desistimiento de algunos juicios, porque muchos de estos juicios que se han iniciado contra la Nación no fueron más que posicionamientos políticos caprichosos, y la Provincia no se puede dar el lujo de que por meros caprichos se entre en una contienda jurídica con la Nación”, afirmó el diputado del FPV, Gustavo Reyes.

El legislador cuestionó que “en este convenio que se suscribió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de noviembre de 2004 entre la Fiscalía de Estado de la Provincia del Chubut, representada por su titular, el doctor Jorge Luis Miquelarena, en adelante “la Fiscalía”, por una parte, y por la otra, los doctores David Andrés Halperín, de la Ciudad de Buenos Aires, y el doctor Tomàs Hutchinson, de la Provincia de Buenos Aires, en adelante “los contratados”, se dio “dentro de las cláusulas que, como dijo el diputado Risso, no fue ratificado o aprobado por esta Legislatura, y en las cláusulas debe fijarse los porcentajes a los abogados en el caso de ganar el juicio o en el caso de perderlo”.

“Los honorarios los cobran igual, y se establecen unos porcentajes. Lo que no dice este convenio, o este contrato, aparentemente no lo dice, es qué pasa cuando se desiste”, aludió.