El Gobierno nacional le dará respaldo político al gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, en su decisión de denunciar penalmente a los policías que se autoacuartelaron en diciembre en Concordia y que en varios casos están acusados de participar de los saqueos o de instigarlos. Al mismo tiempo, fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación que vienen monitoreando las derivaciones de los conflictos policiales que estallaron el mes pasado descartaron que puedan volver las protestas, que en diciembre pasado se extendieron como reguero a casi todo el territorio.

“Todo está en calma, por ahora”, aseguró a Clarín un alto funcionario. “Todas las policías están trabajando como deben”, abundó.

“Lo que pasa es que hay muchos policías asustados porque saben que van a ir presos. Todos aquellos que liberaron zonas o saquearon van a ir presos”, fue la explicación cuando se consultó por la situación de incertidumbre en Entre Ríos.

En la lectura que hace el Gobierno nacional de las nuevas amenazas de insurrección en esa provincia, deberían “separarse las cosas” para “no encubrir el procesamiento de los delincuentes (por los policías denunciados)” con demandas salariales. Aunque del gobierno entrerriano se dejó trascender la no validez del acuerdo de recomposición salarial suscripto por el gobernador con la policía el 9 de diciembre, desde la Nación se afirmó que “nada indica que no se vayan a respetar” esos compromisos, al igual que los contraídos por mandatarios de otros distritos.

En diciembre, y luego de los saqueos y graves incidentes en Córdoba, y con la extensión de las protestas de las policiales provinciales en casi todo el país, el Ministerio de Seguridad envió miles de gendarmes y prefecturianos a las zonas más calientes y desprotegidas.

En paralelo, los gobernadores buscaron terminar con sus conflictos concediendo aumentos salariales (o prometiéndolos) que promediaron los 8.500 pesos de sueldo inicial.

El 23 de diciembre, el Gobierno nacional oficializó los aumentos a las fuerzas de seguridad federales, por la vía de los suplementos salariales. Este aumento cobró vigencia desde el 1° de enero y se aseguró que ningún agente en actividad recibirá una remuneración de bolsillo inferior a los 9 mil pesos.