Expuso que todo se dio en los últimos días en la colonia aborigen toba de la jurisdicción de Misión Tacaagle, donde de acuerdo a lo convenido anteriormente con distintos actores de la comunidad, la directora de Seguridad Social, Lidia Giménez junto a colaboradores de esa área “se vieron prácticamente coaccionadas para no seguir trabajando en las tareas administrativas y de relevamiento social casa por casa con el propósito de determinar a las personas que reúnen los requisitos para acceder al beneficio de la pensión”, que explico alcanza sobre todo a gente en contexto de vulnerabilidad social y que tenga más de 60 años u otras con problemas de salud.

“Algunos dirigentes del lugar impidieron que estos pudieran cumplir con la labor, porque no se hizo lo que pretendían: Querían armar una larga fila con quienes ellos elegían y consideran que deben acceder a las pensiones, por más que sea gente joven y sin impedimento físico alguno, entre estos, y que se los registre como nuevos pensionados. Por más que se trato de hacerles entender los alcances de la norma que establece el beneficio y todo el protocolo a seguir, se mostraron tajantes y decidieron cortar la ruta”, expuso Arrua.

Señalo que luego el argumento para dejar sin efecto la protesta fue que no estuvieran las autoridades del municipio de la zona, y cuando se accedió a esto y nuevamente este miércoles último se inicio con las tareas domiciliarias en el Lote 5, tras los primeros hogares visitados, “un grupo de estos aborígenes ingresaron intempestivamente a las casas varios aborígenes tomando de los brazos y ordenando al personal del IPS que se retirara, que no iban a aceptar que se trabaje con ese esquema, volviendo todo a fojas cero”, advirtiéndose que “por consejo del efectivo policial que acompañaba al personal del IPS, advirtiéndose el riesgo que corrían producto de la actitud violenta de esta gente, se retiraron, más allá de que la mayoría de las familias pedía que se continuara”.

Tras marcar que “estos personajes con claro involucramiento político son beneficiarios de jubilaciones y pensiones nacionales, y andan diciendo tremendas tonterías como que se le quiere sacar la tierra, argumento ridículo que surge a partir de lo que les dijo Félix Díaz, todo ello para intranquilizar a las comunidades y por supuesto difamar al gobierno provincial”.

Expuso que “llegamos al extremo de pedir la presencia de una escribana para dejar sentado en documento notarial todo lo que se está dando en el lugar y con ello certificar esa realidad A lo que tenemos que llegar ante las maniobras de extremas acusaciones o denuncias que nada tienen que ver con lo que realmente ocurre, las que por supuesto se toman como argumentos para situarnos mediáticamente en todo el país como los que atacan a los aborígenes y cuantas falacias mas”.

Concluyente expuso el administrador del IPS que “es de extrema gravedad esto que se está dando, porque se impide a una institución del estado a trabajar en beneficio de su población. Por eso somos firmes y tajantes en afirmar que no es posible seguir soportando tamaño grado de intolerancia, el que tiene otro trasfondo que busca intranquilidad comunitaria y alterar la paz para acusar al gobierno, impidiendo lo que por derecho les corresponde a nuestros hermanos aborígenes”.

“Me engañaron pero luego me

di cuenta del mal que hacen”

Oscar Cuyipe, dirigente social del lugar, expuso que “en nuestra comunidad hay mucho desencanto por esto que está dándose y que perjudica a los que más necesitan de un beneficio. Es minoría esta gente, y confunden con mentiras a todos. Ensucian el trabajo que se hace para poder llegar con la ayuda a las familias, hasta se están poniendo más violentos con atropellos a las casas”.

“Y nos engañan con cuantas cosas que dicen. Yo mismo antes les creí y los acompañe a la ruta en un corte, pero después me di cuenta de todo el daño que hacen ante lo que le asesora Félix Díaz, por eso vengo acá a decir como es la realidad y ayudar para que esto se termine y se pueda cumplir con los tramites del IPS para que lleguen las pensiones”, enfatizo.

Expuso que “estoy regresando a mi comunidad para acompañar a otros dirigentes y salir a hablar para que sepan cual es la realidad, y no quedarnos sin hacer nada ante estos atropellos, y si es necesario los vamos a denunciar porque se está haciendo muchísimo perjuicio con mentiras que les dice Diaz”.

El pastor de la Iglesia Evangélica Unida, Paulo Vargas, se mostro preocupado por su comunidad toba de la zona de Tacaagle diciendo que “primero quiero decir que eso de que se quiere sacar las tierras en toda mentira, no es así, incluso el señor gobernador nos dio más tierra de la que teníamos en la zona de Loro Cue donde ya están cuarenta familias viviendo y que se le dio en llamar la comunidad de Tierra Nueva”

“Ponen trabas a los beneficios que el gobierno quiere dar a las familias, y se tratan de dirigentes minoritarios que por otros intereses que no son los de la comunidad buscan siempre crear problemas, y debemos decirles que nos dejen tranquilos trabajar con la gente del IPS, que no nos hagan más mal”, finalizo.