El director de Desarrollo y Coordinación de Municipios y Comunas del Ministerio, Julián Galdeano, señaló que desde enero último esa repartición dio de baja a 55 efectores en Rosario, a los que se le detectaron esas irregularidades. Esos subsidios y mercaderías que no cumplían su misión sumaron 300 mil pesos mensuales. A partir del relevamiento, el Ministerio habilitó desde julio pasado 28 nuevos centros comunitarios, que se suman a la red de 439 instituciones que en Rosario brindan alimentos a población pobre e indigente.

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías, reveló que el año pasado se comenzó a chequear el correcto destino de los fondos asignados a la asistencia alimentaria. Para ello, encomendó la tarea a la Sindicatura General de la provincia, área que logró detectar anomalías en 55 casos.

En las inspecciones, los supervisores se encontraron con comedores barriales y servicios de copas de leche que tenían menos asistidos que los declarados, y otros que simplemente hacía tiempo habían dejado de funcionar. "Los propios vecinos atestiguaron que la asistencia prevista no tenía lugar en ese barrio", señaló Galdeano, y centró la mayoría de las irregularidades en la zona sur y oeste de Rosario.

Uno de los indicios que alertó a las autoridades de Desarrollo Social fue el incremento del pedido de raciones en algunos comedores situados en zonas donde había otros efectores en funcionamiento. Otra señal fue la aparición de leche en polvo comprada por el Estado provincial en las góndolas de algunos supermercados de la periferia rosarina.

El saneamiento de la cartera asistencial suscitó enojos por parte de quienes cobraban esos beneficios en nombre de su comunidad. El Ministerio llevó cada una de las irregularidades a la Justicia correccional.