En resumen, Estrada sostuvo que los diputados no probaron el derecho invocado y que de última, si tuvieran razón, pueden pedir que se les abone las dietas de todo el tiempo en que no asumieron sus bancas. ¿De la calidad institucional, el orden republicano y la debida conformación de la Cámara de Diputados? De eso ni una palabra en el dictamen, como si fueran cosas sin importancia para Estrada.

Sobre el proceso electoral, donde resultaron electos Ojeda y Jofré, Taurant recordó que todos los partidos políticos lo consintieron y nadie impugnó nada, lo que implica que “es cosa juzgada”. Desde aquí parte para rebatir el concepto de Estrada, en cuanto a que ‘la verosimilitud del derecho no se ha configurado en autos’ (textual del dictamen). En otras palabras, que los diputados proscriptos no probaron su condición de tal, como si Estrada viviera en otro planeta y no leyera periódicos o escuchara radios o viera televisión. Pero como si fuera poco, Taurant aseguró que presentó toda la documentación probatoria que asegura que Ojeda y Jofré fueron electos como Diputados Provinciales por el Departamento Belgrano.

Dinero, vil metal

Otra de las condiciones para aceptar una medida cautelar, tiene que ver con el peligro por la mora, es decir los efectos y daños irreversibles que pudieran surgir al no alterarse la medida que los provoca. En este caso, sería que mientras más tarde en fallar la justicia, más daño tiene el sistema democrático y este es irreversible, puesto que los diputados proscriptos ya no tendrán ni voz ni voto, en cada uno de los proyectos que se discutan en la Cámara de Diputados, inter dure la causa en la justicia. Respecto de esto, Estrada sostiene que ‘también está ausente en el presente planteo’, desconociendo lo explicado al comienzo de este párrafo. Y es aquí donde sostiene que ‘siempre se sufre un daño patrimonial’ que de ‘prosperar la inconstitucionalidad, cabe al actor la posibilidad de que se le restituya lo abonado más los intereses y demás que puedan corresponder’.

Sobre este tema, Taurant que esto se toma “como si el único daño fuera patrimonial”. Si la Cámara de Diputados está funcionando con cuatro diputados menos, pareciera no importarle a Estrada, “total todo es una cuestión de dinero que, en tal caso, le pagarán al final”, sostiene con ironía el abogado.

Y es claro al señalar que el dictamen de Estrada “es injurioso para la democracia en sí. Para las instituciones republicanas”. Y como si le faltara claridad a la cosa, agregó que “decir que si la Cámara (de Diputados) está mal constituida, no importa. Si gente que fue elegida, con un proceso constitucional, no asume; no importa y la voluntad del electorado que lo eligió, tampoco importa. En ese sentido, es afrentoso”.

Dependencia política del Poder Judicial

Para Taurant no se puede dudar de que el Poder Judicial tenga una dependencia política del oficialismo, con este tipo de dictámenes y lo explicó irónicamente de la siguiente forma: “casi me ha conmovido el Dr. (Alberto) Rodríguez Saá (gobernador provincial), hablando de que él se pone triste, cuando vio un señor camionero o algo así (que lo agredió en el NEA, en las internas del Peronismo Federal antik), alguien que mandó el ‘malo’ de (Eduardo) Duhalde, porque así no se puede, así no es en el mundo de las ideas. Hay que salvaguardar, dijo el Dr. Rodríguez Saá, la calidad institucional. Mire qué ejemplo tiene, en su propia provincia, en lo más alto de los niveles de la justicia, respecto de la calidad institucional” y aquí impuso más ironía todavía, al señalar que “a estar de los dichos del Dr. Rodríguez Saá, este dictamen lo va a poner tristísimo”.

Resolución del Superior Tribunal

Sabido es que el dictamen del procurador no es vinculante, pero de todos modos, ahora resta esperar que el Superior Tribunal de Justicia de San Luis, falle al respecto.

Taurant no disimula para nada, su pesimismo acerca de cuál podría ser el fallo y asegura que “van a tratar de dormir este pleito”. Tratando de, al menos parecer, optimista, dijo que “para mí sería una gratísima sorpresa” que se defina con rapidez, porque espera “que no se retarde más de lo que la ley estipula, para ir a la Corte Suprema de Justicia (de la Nación)”, como anticipando que el fallo del máximo tribunal local le va a ser adverso.