La comisión adjudicadora rechazó la oferta de Borgogno y Pardo para la estación.
La comisión adjudicadora que integran los ediles Luis Morcillo Suárez (UCR) y Adrián Lizarriturri (UPC) y el secretario de Gobierno, Carlos Calvo, coincidieron que no se cumplieron las exigencias mínimas en cuanto al monto de inversión prevista por la mencionada UTE y a las características de las obras a ejecutar.
En particular se cuestionó el hecho de que no se preveía el traslado del Concejo de Representantes a una nueva ubicación (actualmente ocupa dependencias en la parte alta de la terminal) o una inversión de 2 millones de pesos para acondicionar dicho inmueble.
Tampoco la oferta de Borgogno y Pardo cumplía las exigencias de aumentar el número de dársenas y de respetar el porcentaje de espacios verdes establecido en los pliegos.
En tal sentido, los planos presentados contemplaban construir una playa de estacionamiento en el sector de jardines ubicado sobre Maipú y San Martín y locales comerciales sobre Belgrano y San Martín. Las nuevas superficies dejarían prácticamente sin espacios verdes a la estación, violándose así los pliegos originales.
Aunque en un principio la comisión adjudicadora analizó la posibilidad de solicitar a los empresarios una mejora de la oferta para que se adapte a los pliegos licitatorios en cuanto al monto de inversión (debía llegar a 10 millones de pesos y sólo totalizó 8,6 millones) y las obras proyectadas, finalmente se rechazó esta posibilidad a partir de la impugnación presentada por la empresa Baires. Esta firma que había adquirido los pliegos exigió respetar en su totalidad las condiciones exigidas por la licitación, criterio que se terminó aceptando como válido.
En este contexto resulta inexplicable que un empresario como Borgogno, con vasta experiencia en la concesión de terminales de ómnibus (controla las de Villa María, San Francisco y Las Varillas) haya cometido un error tan grave como no respetar las exigencias licitatorias. Este fracaso obligará seguramente al municipio de Villa Carlos Paz a convocar a una nueva presentación de ofertas empresariales. Se desconoce si se cambiarán los pliegos o si se mantendrán las mismas condiciones establecidas por los ediles.
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