Claro está que el ex radical y actual cobista Marín, un viejo trajinador de la política mendocina y los pasillos legislativos, a quien se recuerda aún en el Concejo de Guaymallén como un gran generador de consensos con el peronista Jorge Pardal, está lejos de ser un ingenuo o un crédulo. Pero también es cierto que no estuvo solo en esta cruzada auto reivindicatoria.

Fueron dos peronistas, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, y el jefe del bloque oficialista del Senado, Luis Ruzo, quienes en las respectivas sesiones del 3 y el 16 de marzo plantearon el tratamiento del expediente secreto, ése que sólo se mencionó por su número y nunca por su contenido.

Pero la revelación de la aprobación de esta ley y la posterior repercusión pública mostró -a quienes hasta hace unos días decían estar convencidos de su plan- en franca desbandada, con promesas de mandar al olvido tamaño atrevimiento, al mismo tiempo que los argumentos que esgrimían en las primeras respuestas se caían por el propio peso del texto aprobado.

Así, los senadores demócratas enviaron a los medios un comunicado en el que aseguran prácticamente haber sido estafados porque no sabían qué se estaba tratando Entonces ¿por qué levantaron la mano para aprobar un proyecto cuya finalidad desconocían? Un senador del oficialismo también aseguró que ellos nunca se enteraron y que el tema lo acordaron los jefes de bloque.

Aunque un diputado demócrata, que no es jefe de bloque, llamó ayer a un periodista de Los Andes para admitir que las explicaciones que dieron el jueves eran sólo mentiras y que la verdad es, tal como publicó este diario ayer, que bastarían dos años como legislador para acceder a una jubilación equivalente al 82% de la dieta, sin computarse los otros trabajos que haya tenido y que para acceder a este retiro se exigirían 20 años de aportes y no 30 como al resto. Tal como lo dice claramente el articulado de la ley.