Cada incidente producido en el interior de la cárcel desata la polémica durante días. Después de la riña del domingo pasado en la que tres internos del pabellón 18 de la Boulogne Sur Mer resultaron con heridas de consideración, el subsecretario de Justicia, Carlos Quiroga Nanclares, acusó a Carlos Varela Álvarez, abogado de los familiares de los presos "agredidos", de ser quien impulsó la denuncia contra los guardiacárceles motivado por intereses personales.

Sin embargo, el ministro de Gobierno Mario Adaro desautorizó los dichos de su funcionario de segunda línea y aclaró que "gracias a los abogados militantes de Derechos Humanos se han producido mejoras en la penitenciaría".

Adaro recalcó que "los funcionarios tenemos un techo muy alto a partir de las exigencias que nos plantean. Si en los últimos años se produjeron grandes mejoras en el sistema carcelario mendocino, es gracias también al trabajo hecho por los organismos de Derechos Humanos".

El titular de Gobierno señaló, además, que "las cárceles de Mendoza no son las peores del país, pero sí es en el único lugar donde hay gente que se preocupa por hacer cumplir el artículo 18 de la Constitución, que indica que 'las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas'. Como funcionario, más que una competencia, sentimos que es una colaboración",