Desde la cumbre ambiental de Río de Janeiro en 1992, el concepto de desarrollo sustentable se ha generalizado y actualmente es ampliamente aceptado como marco teórico de cualquier programa de acción, aunque en términos de realización efectiva sigue siendo más un desafío que una realidad.

En la ciudad serrana se viene trabajando para realizar un monitoreo agroambiental con el fin de desarrollar políticas y acciones hacia un desarrollo rural sostenible en el tiempo.

La tarea es llevada a cabo por el equipo técnico de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del la Unidad Integrada INTA, Facultad de Ciencias Agrarias, encabezado por el ingeniero Néstor Maceira, autoridades educativas y funcionarios municipales.

"Para que el desarrollo sea sustentable debe mantener un equilibrio entre crecimiento económico, equidad social y cuidado ambiental, que permita satisfacer las demandas actuales de la humanidad sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades", expresó Maceira ante la consulta de LA CAPITAL.

En lo referido a la dimensión ambiental, el profesional entendió que el concepto surge por la toma de conciencia como humanidad de que la Tierra es finita y sus recursos limitados. Por lo tanto, "deben ser manejados teniendo en cuenta su capacidad de autoregeneración. Actualmente existe evidencia científica y práctica que muestra que la actividad humana, por no observar este principio, ha generado procesos de degradación del suelo, el agua y la diversidad biológica que han afectado muchos ambientes hasta el punto de ya no poder sostener adecuadamente las actividades que allí se llevaban a cabo".

Un ejemplo, citado por Maceira, es el proceso de desertificación ocurrido en la Patagonia, por efecto de un siglo de sobrepastoreo ovino. "Esto ha llevado a que actualmente la mayor superficie de esta enorme región haya perdido capacidad ganadera por deterioro de sus pastizales naturales", aseguró.

El técnico también se refirió al "impresionante" avance de productividad en granos y en especial la soja. "No sólo la agricultura se ha expandido e intensificado. También lo está haciendo la forestación comercial, basada especialmente en el cultivo de pinos y eucaliptos, para la producción de papel y otros usos".

Según Maceira, esto ha provocado que la ganadería esté comprimida en sistemas de engorde a corral (feed lots) con riesgos de impacto en la calidad del suelo y el agua.

El ordenamiento

El equipo de trabajo consideró que es un proceso que implica estudios técnicos y numerosas discusiones entre fuerzas sociales y económicas, así como presiones políticas de todo orden, ya que cada sector tiene su propia visión acerca de qué uso debe darse a las tierras. "El ordenamiento es la herramienta que permite conciliar intereses y simultáneamente respetar los límites y procesos ecológicos naturales", aseguraron.

El profesional del INTA manifestó que el sudeste bonaerense también fue víctima del productivismo. "Los sistemas basados en rotaciones entre agricultura y ganadería que contribuían en forma natural a sostener la calidad y productividad del suelo, hoy prácticamente han desaparecido".

Asimismo, apuntó que en la región "ha crecido en forma muy importante el uso de fertilizantes y plaguicidas, y cada vez es mayor la superficie de cultivos bajo riego". Al mismo tiempo, mencionó que las agroindustrias como la minería (canteras y extracción de suelo para hornos de ladrillos), los criaderos intensivos de aves y cerdos y el turismo regional natural también afectan el ecosistema.

Maceira remarcó que "cuando diferentes actores discrepan respecto al uso de un recurso, gana el más fuerte, a menos que exista un marco legal que ordene su uso considerando el bien común y el largo plazo. Disponer de ese marco legal ayuda a prevenir conflictos y daños, con lo que además disminuye el riesgo empresarial, ya que las decisiones que se toman se basan en una normativa legal explícita".

Disposición legal

El objetivo de trabajo es poder contar con una "simple" disposición legal que termine en un mapa de usos posibles. "Esto implica un proceso participativo de la sociedad donde los diferentes actores y sectores analizan, discuten y acuerdan una visión común de territorio", reconoció Maceira.

En este sentido, puntualizó que "el proceso de OT no sólo ayuda a ordenar los usos de la tierra en el sentido de qué hacer, sino en sentido de cómo hacer las cosas en cada sitio".

La medida, que sería discutida en el Concejo Deliberante a mediados de 2011, pretende asegurar la conservación del capital natural, cultural y social, contar con información actualizada, reducir conflictos por usos alternativos de la tierra, optimizar la distribución y el tipo de inversiones minimizando el riesgo ambiental e identificar nuevas oportunidades de desarrollo, entre otros.