Con el objetivo de compartir las experiencias de las distintas localidades de la provincia respecto a las fumigaciones con agroquímicos y de avanzar en una postura conjunta contra esta práctica, en la jornada de ayer se llevó a cabo el primer “Encuentro de pueblos fumigados en la zona de Sudeste de la provincia de Buenos Aires”.

Del encuentro participaron representantes de distintas organizaciones de la ciudad y la zona, además de vecinos. En el marco de la jornada de debate -que se realizó en el Centro Cultural América Libre- una de las integrantes de la organización “Mar del Plata contra el saqueo”, Fernanda Génova, dialogó con El Atlántico acerca de la importancia de avanzar sobre esta temática.

“El objetivo fue hacer un primer reconocimiento de la problemática en la región y participaron vecinos y distintas organizaciones de la zona de la provincia”, explicó Génova, quien detalló que la idea es empezar a trabajar, discutir y coordinar acciones en torno a una reglamentación a nivel provincial.

“Hoy participamos básicamente vecinos de Mar del Plata y hubo una persona de Balcarce; estuvimos charlando sobre la problemática en las dos regiones y se comentó lo que sucede en la provincia, en otros lugares y las dificultades que hay a la hora de que las normativas se reglamenten y, más que nada, se cumplan”, aseveró la joven, para luego agregar que, justamente por eso, un tema que no fue dejado de lado fue la modificación del reglamento provincial que propone el Ministerio de Asuntos Agrarios.

En ese sentido, Génova especificó que la Ley provincial actual y la modificación propuesta están en el marco de un sistema productivo “extractivo y contaminante”. “Ninguna de las normativas cuestionan estas producciones, entonces nosotros partimos de una crítica a ese modelo productivo y entendemos que hay que ir avanzando a una tendencia de una producción que no agreda ni al medio ambiente ni a la población”, consideró.

Tras consignar que, con ese objetivo, “se deberían prohibir las fumigaciones aéreas y limitarse las terrestres a 2000 metros de las zonas pobladas o donde haya cursos de agua”, la referente de la agrupación agregó que es importante el monitoreo permanente, para controlar que haya o no contaminación. “Hoy hay una sola persona del ministerio que controla la acción en este partido y en 12 más, por lo que su capacidad operativa es muy limitada”, sostuvo.

Por otra parte, Génova entendió que, para que haya un mayor cumplimiento de las normas, tendrían que existir sanciones, no con un costo económico, sino productivo. “Estamos hablando de una Ley que tiene que ver con el deterioro del ambiente y de la salud, en cuestiones que se pueden tornar muchas veces irreversibles”, señaló.

Además, la joven explicó que, en el contexto actual -en el que existe la propiedad privada y la tierra tiene su dueño- hay que recordar que la misma “es un bien común y social”. “Todos tenemos responsabilidad y es necesario cuidar el recurso, porque lo importante no es remediar el daño, sino trabajar para que no se genere”, aseveró.

Respecto a cuáles deberían ser los puntos salientes en una normativa que contemple el cuidado del medio ambiente y de la Salud, Génova aseguró que son necesarias propuestas superadoras. También, y en el marco de esa aspiración, la referente de “Mar del Plata contra el saqueo” adelantó que el próximo 23 de septiembre realizarán una manifestación en La Plata, frente al Ministerio de Asuntos Agrarios para plantear un cuestionamiento a esta Ley y a su correspondiente modificación.

“El horizonte es proponer formas de producción que no deterioren el medio ambiente y que sean adecuadas para la convivencia entre las poblaciones”, finalizó.

LA NORMATIVA LOCAL

La ordenanza que prohíbe la utilización de cualquier plaguicida de síntesis en un radio de mil metros de las zonas pobladas fue sancionada en el año 2008 en la ciudad. Sin embargo, recién fue reglamentada el 4 de agosto del corriente.

En ese sentido, hace un mes el director de Desarrollo productivo de la municipalidad, Jorge Gambale, había asegurado que la normativa se encontraba en vigencia y que ya se habían recibido denuncias. Además, también había destacado que la unidad ejecutora formada por distintas áreas del Municipio -Salud, Medio Ambiente y Producción- ya había comenzado a realizar reuniones periódicas a las que fueron invitados los sectores intervinientes, como ONG's, ambientalistas, el Senasa, productores en zona de conflicto y vecinos denunciantes, entre otros.

Cabe destacar que según el texto de la Ordenanza 18.740, “se prohíbe dentro del radio de los mil (1.000) metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales, la utilización de cualquier plaguicida de síntesis o producto de similares características de aplicación agropecuaria o forestal”.

También se niega “el tránsito de maquinaria terrestre cargada con fungicidas, insecticidas, bactericidas, rodenticidas, herbicidas o acaricidas”, y “el descarte o abandono en el ambiente terrestre, acuático y/o urbano de los envases de cualquiera de esos productos tóxicos”.