El conflicto de La Movediza tomó fuerte dimensión política ayer, cuando los bloques partidarios que componen el HCD salieron a "marcar la cancha" con sus posturas sobre el déficit habitacional y sus consecuencias, las más graves expresadas en el desalojo del último lunes.

Las repercusiones trascendieron la frontera del deliberativo local, pues a instancias del diputado nacional de "Nuevo Encuentro", Ariel Basteiro, la Comisión de Toma y Posesión de lotes y viviendas del Plan Federal aceitó diferentes contactos con niveles superiores de Gobierno. Por la tarde, el socialista Osvaldo Maestrojuan, se comunicó telefónicamente con el administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Aguilera, para transmitir la preocupación de los vecinos ante la embestida judicial lunghista. Esto es, liberar forzozamente los inmuebles fiscales ocupados para que la empresa Málaga continue con la edificación de las 200 viviendas, unidades que se adjudican por sorteo.

Otro dato surgido a la mañana tuvo como escenario las oficinas del Poder Judicial, en calle Uriburu Sur. Fuentes de Fiscalía confirmaron a este Diario que funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica se presentaron con vistas a evaluar las características de una denuncia penal por la ocupación del CIC.

Los abogados municipales, con el acta labrada por el escribano Marcos Badillo en mano, fueron a consultar los términos de una posible presentación contra los militantes políticos que acusan por azuzar el diferendo: Maestrojuan, Juan Olano y Gustavo Bravo, a los que Oscar Teruggi, secretario de Desarrollo Social, había calificado como "personajes" que utilizan a la gente con necesidades. Incluso infirió que podrían estar involucrados en la venta de lotes. Con todo, finalmente Legal y Técnica no formalizó la denuncia en Fiscalía, por lo menos durante la jornada de ayer.

EL REPUDIO RADICAL

A las 11, los 12 concejales radicales convocaron a conferencia de prensa, para leer un proyecto de resolución que presentarán en la sesión venidera. Allí rechazaron la toma del CIC como "medio de presión a las autoridades municipales para que convaliden la clandestinidad de su accionar en la ocupación de las casas del Plan Federal I ocurrida el pasado mes de diciembre de 2009".

Los lunghistas también instaron a "retrotraer la medida, retomando los canales legales e institucionales a fin de no perjudicar a la inmensa mayoría de la barriada que se ven afectados por el accionar de los señores Gustavo Bravo, Osvaldo Maestrojuan, Juan Olano y la señora Elena Almaraz, quienes se arrogan la representación de la comisión antes mencionada". En sus considerandos, los correligionarios defienden a la gestión del pediatra y sostienen que las críticas de los manifestantes, cargadas de "intencionalidad política", nada dicen sobre las responsabilidades de Provincia y Nación.

El legislador Néstor Muller, a su turno, solicitó que los otros dos bloques del deliberativo, "Unión Pro" y "PJ-FPV", clarifiquen" sus posturas sobre la ocupación del centro integrador, así como los terrenos y casas del Plan Federal". Minutos después, reaccionaron ambos grupos políticos con sus respectivos comunicados. El convite de la UCR responde a los trascendidos que marcaban un presunto apoyo del kirchnerismo local en su conjunto a la ocupación de las instalaciones públicas. El respaldo, según los rumores, incluía a la bancada del Frente para la Victoria y la Anses.

UNION PRO INSTA AL MUNICIPIO

Claudio Ersinger y Mario Bracciale (Unión Pro) rechazaron toda "forma violenta y coactiva de usurpación y ocupación ilegal; no lo reconocemos ni entendemos como método", adujeron.

Aunque reconocieron el reclamo por la falta de vivienda como "justo" y "que se ha extendido e involucra a distintos sectores de la sociedad", mientras "las soluciones no llegan a su debido tiempo y forma". Asimimo, ratificaron la senda "institucional" para resolver el conflicto y llamaron a elaborar una "necesaria política de estado sobre vivienda desde el municipio; debiéndose analizar su incorporación en el presupuesto como fondo afectado, que incluya y comprometa la necesaria participación del gobierno Provincial y Nacional". Para los referentes de Macri y De Narvéz en Tandil, "politizar este tema aparta la discusión central, de la real y verdadera problemática habitacional de nuestra ciudad dilatándola en el tiempo". Coincidieron con radicales por la "utilización de un sector vulnerable de Tandil como método para enmascarar viejas disputas políticas, llevándola a la lucha de pobres contra pobres". Añadieron que "la vida en democracia no solo otorga derechos sino también el cumplimiento de obligaciones y el apego a la ley como garantía de la vida en sociedad".

PJ: "DEJARON QUE LA SITUACION ESTALLE"

Los 6 concejales del PJ-FPV castigaron a la administración Lunghi por "dejar que la situación social estalle para culpar a otros actores, no haciéndose cargo de la responsabilidad" del gobernante, emitieron. También se negaron a entrar en la "falaz" dicotomía del que está a favor o en contra de la toma del CIC. La agudización del diferendo "es la manifestación de un problema estructural al cual no se le ha dado, ni se le da una respuesta", prosiguieron. Al mismo tiempo, reclamaron una planificación en conjunto, "con los distintos sectores sociales que demandan, de una política local". Aseveraron los K que “donde hay una necesidad hay un derecho”, y "lejos de ver a las familias que han ocupado viviendas y/o terrenos como enemigos, sería importante verlos como seres humanos, convecinos, ciudadanos con los cuales hay que establecer un diálogo sincero y fructífero en busca de satisfacer sus necesidades". Por último, dijeron que "si el Ejecutivo municipal rectifica su postura y asume el compromiso de un verdadero diálogo con las familias y los actores involucrados, seremos los primeros en acompañarlo en la búsqueda de soluciones".