TUCUMÁN (Redacción).- Para escapar del fantasma de la represión, el gobierno tucumano recurrió a la Justicia para obligar a los productores que desalojenla plaza Independencia en el marco de una relación que ha empeorado en los últimos días.

Pero, ¿cuáles son los fundamentos y el alcance de la presentación judicial del PE que pide que se libere el principal paseo público de la provincia? 

 “Con base en que hace más de siete días hay más de 100 vehículos, entre carretas, tractores, maquinaria, camionetas, carpas y demás infraestructura que están apostadas en la plaza, solicitamos al juez de instrucción que a los efectos de respaldar las garantías de todos los ciudadanos, no sólo el derecho de protesta, proceda mediante una orden a la liberación del espacio, desalojando los vehículos, por lo menos”, dijo el abogado y patrocinador del Gobierno, Fabián Nahas.

Según el representante del Ejecutivo, “el impacto de la protesta de los productoresautoconvocados ha sido general porque entorpeció el tránsito vehicular, los servicios de la salud y de la educación”. “Ni hablar del tránsito peatonal o la circulación de autos, que se encuentran vedados”, añadió.

Nahas hizo hincapié en que el Gobierno no está pidiendo que se emita una orden judicial de desalojo. “Sabemos que no hay aquí un delito”, aclaró.

El abogado remarcó que acudieron a la Justicia, ya que una medida por parte del Gobierno podría considerarse “represión”.