La novela de la toma de la Jefatura de Policía tuvo un final sin incidentes. Unas sesenta personas, entre efectivos acuartelados y ajenos a la fuerza, desalojaron ayer al mediodía el edificio central en forma voluntaria y pacífica, pero trasladaron su reclamo por mejores condiciones laborales y salariales enfrente, a la Plazoleta de la Paz. Fue previo al acta que a las 13:10 firmaron integrantes de la plana mayor: Miguel Ángel "Chupa" López, una de las caras visibles de la protesta; y el secretario del Juzgado Penal Nº 2, Ariel Parrillis, en la que quedaron detalladas las condiciones en las que estaban cada una de las oficinas y dependencias.

La jornada empezó a vislumbrarse como decisiva a las 7:30, cuando la Fiscalía de Estado hizo una presentación en el Juzgado Penal N° 2, para informarle al juez Jorge Sabaini Zapata que se había acabado la vía del diálogo y solicitaban que se intimara al desalojo. Media hora más tarde, las divisiones Canes y el COAR (Comando de Alto Riesgo) se preparaban en las inmediaciones del Club Juventud y de la ex Colonia Hogar a la espera de la decisión judicial.

Con el correr de las horas, las calles de acceso a la Jefatura fueron valladas para cortar el tránsito y facilitar que el procedimiento diera resultados exitosos. Extraoficialmente se conoció que una breve reunión en una estación de servicio entre el jefe de Policía, Oscar Papaño, y el abogado de los ocupantes, Julio César Fernández Triches, habría sido el punto de partida para retomar la normalidad que tanto exigía el Gobierno. A Papaño le sirvió para constatar la poca resistencia que ya tenían los insurrectos y a Fernández Triches, para sondear la firme decisión estatal de cumplir con la orden de desalojo.

Por eso, cuando Parrillis llegó antes de las 12 al edificio de Riobamba y Ciudad del Rosario, ya había sido abandonado. Veintiocho efectivos con cuatro perros de la división Canes se apostaron en las escalinatas de ingreso para impedir que ninguno de los usurpadores volviera a entrar y posibilitar, en el interior, el desarrollo de la minuciosa inspección para verificar en qué condiciones estaban las instalaciones.

De eso fueron testigos una veintena de trabajadores de prensa, expectantes de la resolución del amotinamiento que se materializó en la noche del martes 13 y que trajo como consecuencia la salida del jefe de Policía, Miguel Ángel Ubieta.

La recorrida de Parrillis junto a López, miembros del Juzgado y de la Policía fue lenta, meticulosa e insumió una hora. “Me han acompañado para asegurarse que lo que nosotros pusimos es fehaciente”, justificó el abogado. Hasta salieron a la vereda a evaluar el estado del gabinete de gas natural y el resto de los servicios. Adentro, en la galería de planta baja se podían ver dos colchones y más de una decena de frazadas y mantas desperdigadas que los ocupantes emplearon para descansar y abrigarse.

Pero esas imágenes ya no se iban a volver a repetir porque a las 13:15, en dos tandas, seis de los acuartelados las levantaron y se las llevaron fuera del predio ante el aplauso de sus compañeros de lucha, que ya estaban en la vereda. Fue la muestra de que el acta ya se había rubricado, pese a que el periodismo no pudo ser testigo de ese momento.

“Verificamos que las puertas no se han forzado. Los móviles en la playa estaban con las ruedas desinfladas. Constatamos lo que hay en cada oficina, lo que había antes no podemos saberlo”, dijo el secretario del Juzgado Penal luego de estrecharle la mano a López, el último de los ocupantes en salir. Sobre el estado del 911, la línea telefónica de emergencias que funciona en el tercer piso, Parrillis respondió: “Las puertas estaban abiertas, y vimos que había aparatología en el lugar. No podemos precisar si estaba en funcionamiento porque estaba cortada la energía”. Finalmente consideró que lo importante era “haber arribado a una resolución pacífica” y hacerlos hecho entender “que en un sistema democrático debe restablecerse el funcionamiento de las instituciones”.