La comuna retirará obras de la playa para preservar el lugar como espacio público.
El asesor letrado, Sergio Duchman, anticipó ayer a "Río Negro" que "estamos estudiando el tema para avanzar con el desalojo judicial de toda la parcela" aunque reconoció que el planteo es delicado porque el municipio no tiene perfeccionado el dominio sobre esas tierras.
La parcela es un remanente del loteo original que permanece sin registro catastral lo que recorta los derechos del municipio para accionar contra los ocupantes, pese a tratarse de un espacio público que invade la línea de ribera del Nahuel Huapi.
"Ésa es tierra de nadie, pero como el inmueble permanece vacante el municipio puede renovar sus derechos sobre la parcela", explicó Duchman que, a la par del desalojo judicial, completará las tramitaciones para regularizar el dominio.
A la par de estas medidas la asesoría Letrada promoverá una medida cautelar para detener toda obra en el lugar. Con eso espera subsanar la desobediencia del nuevo ocupante que desoyó el acta de infracción y la orden de paralización librada por Obras Particulares, y avanzó con la construcción de una platea que ya esta terminada y lista para la implantación de una vivienda.
La fracción ocupada por media docena de casillas precarias y una vivienda de mampostería de dos pisos se extiende entre la trampa de Salmonicultura del arroyo Ñireco, la costa del Nahuel Huapi y el final de la calle Misiones.
Los asentamientos irregulares en las playas del Ñireco comenzaron hace décadas pero se acentuaron a partir del 2006 generando importantes fricciones con los vecinos de las calles aledañas.
El desalojo en estudio cuenta con un antecedente desfavorable para el municipio, el amparo otorgado a Osvaldo Fernández en 2007 que lo eximió de cumplir la orden de demolición y pagar la multa de 2.000 pesos que le impuso la justicia de Faltas por construir una casa de dos plantas sin planos ni autorización de obras en tierra fiscal.
Fernández llevaba una década ocupando la costa del lago y en el 2006 reconstruyó su vivienda, arruinada por un incendio, pese a las sanciones interpuestas por el municipio, que finalmente ordenó la demolición de lo construido y le impuso una multa de 2.000 pesos.
Su caso llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia –a raíz de la revocatoria interpuesta por un tercero– que declinó revisar la medida cautelar por falta de apelación del municipio.
Pese a haber desestimado el recurso de revocatoria el STJ consideró que debía "darse conocimiento de la existencia de la causa a la Fiscalía de Estado de la provincia" ante "la posibilidad de comprometerse el patrimonio público (cursos, playas e infraestructura correspondiente al Arroyo Ñireco)".
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