Junto a otras comunidades originarias, la Comunidad se preparaba para resistir el desalojo sin retirarse de las tierras, precisó el cacique de la Comunidad Diaguita Calchaquí La Aguada, Ambrosio Casimiro. En un comunicado, la Unión Diaguita detalló que 30 policías ingresaron ayer a las 8, "en forma violenta, al territorio ancestral de la Nación Diaguita en la Comunidad Las Pailas (…), con el objeto de llevar adelante una orden de desalojo emitida por el Juzgado en lo Correccional y de Garantías de 8º Nominación, a cargo de Mónica Graciela Faber".

La orden de desalojo se dio en el marco de una causa de desalojo iniciada por el particular Carlos Robles, quien afirma que cuenta con el título de propiedad de las tierras que ocupan las familias.

El abogado que representa a la Comunidad, Gustavo Miranda, calificó el hecho de "gravísimo" y adelantó que el lunes hará una presentación para tratar de revertir la situación. El letrado indicó que la semana pasada pidió la suspensión del desalojo y le notificaron que se había hecho lugar a esta solicitud, por lo que la medida lo tomó de sorpresa. A pesar de ello gestionó ante la Policía que se pospusiera el desalojo, pero no tuvo éxito.

Robles sostiene haber comprado las tierras, unas 16 hectáreas, a otro particular de apellido Rodó. Según el abogado, ninguno ni Rodó ni Robles realizaron actos de posesión, aunque sí habían hecho firmar contratos de arrendamientos a los ocupantes ancestrales. Robles argumenta que las cinco familias diaguitas usurparon sus tierras, algo que también fue desmentido por Casimiro, quien ratificó que la ocupación de la Comunidad Las Pailas es de vieja data.

"Toda la vida sus padres han vivido ahí, ellos también, han hecho los arriendos, trabajan la tierra para el autoconsumo, cultivan maíz, papina, crían ovejas y cabras, todo para el autoconsumo".

La Unión Diaguita denunció que el desalojo se realizó "de manera violenta e ilegalmente, ya que estos hechos constituyen una violación flagrante a nuestros derechos territoriales como pueblos originarios, consagrados en la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los Derechos Pueblos indígenas de la ONU, los derechos consuetudinarios como pueblos preexistentes".

Además, la justicia salteña desconoció la plena vigencia de las leyes 26160 y 26554 que suspenden todos los desalojos en los territorios indígenas.