Los aspirantes deberán rendir una prueba de oposición escrita, que será corregida por un jurado designado con tal fin por el CAM. Mientras tanto, los antecedentes de los candidatos serán calificados por los seis miembros del CAM a partir de un índice, que figura como un anexo del reglamento. En este se establece la tabla de puntos que se adjudicará por perfeccionamiento (títulos de carreras de posgrado), por actividad académica (docencia, investigación y publicaciones), y por desempeño de la carrera judicial o del ejercicio libre de la abogacía. En ningún caso, un postulante podrá obtener más de 35 puntos.

En relación con el sistema que se seguirá, cada consejero estudiará los antecedentes de los concursantes y sugerirá una calificación. "Si no hubiera uniformidad de criterio, se tendrá en cuenta el puntaje de la mayoría. En caso de no haber mayoría, el puntaje resultará del promedio de las distintas notas que los miembros del CAM le hubieran asignado al postulante", ordena el artículo 41 del reglamento.

La prueba de oposición, por la que se concederá hasta 55 puntos, consistirá en el planteamiento a los concursantes de dos casos por parte del jurado (lo conformarán un magistrado, un abogado y un catedrático). Los evaluadores, que por medio de un sistema de claves alfanuméricas corregirán anónimamente (sin saber quién hizo cada prueba, para mayor transparencia), tendrán en cuenta "la consistencia jurídica de la solución propuesta, la pertinencia y el rigor de los fundamentos, así como la corrección del lenguaje utilizado" (artículo 39).