El defensor del Pueblo de Salta, Álvaro Ulloa, indicó que ante la falta de competencia para actuar en las denuncias que hicieron trabajadores por la gestión en el San Bernardo, estas serían derivadas al fiscal penal en turno, para que determine si corresponde elevar o no alguna imputación.
Entre las denuncias, los trabajadores adjuntaron informes contables de 2007 2008 en los cuales -entendieron-, "los montos por multas", a las empresas tercerizadas Todolim, Cocirap Trabasani, "son claramente sospechosos". Y es demostraron que mientras en 2006, tras una auditoria, se dispuso una multa de 500 mil pesos a las empresas, cuando la auditoria no se hizo, las multas fueron de 13.800 pesos en 2007, y de 2.854 pesos hasta junio de 2008. "Las empresas continúan incumpliendo con el contrato firmado", sostuvieron en la acusación.
Consejo sin decisión
Otra de las denuncias señala la situación del Consejo de Administración, Gobierno del Hospital, cuyas decisiones la gerencia no tiene en cuenta al momento de dirigir el centro sanitario.
También adjuntaron diversas denuncias por los convenios firmados entre la gerencia y otras entidades, la irregularidad en otorgamiento de adicionales, y el consumo de Farmacia que excedería en algunos servicios los insumos a utilizar
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