La Dirección Municipal de DD.HH., a cargo de José Luis Zerillo, intervino en el caso a raíz de la denuncia presentada por una persona que había quedado preseleccionada para un cargo como enfermera en un sanatorio local, pero cuya contratación fue desistida tras conocer la parte contratante los resultados de los exámenes pre-ocupacionales, los cuales no le fueron informados a la involucrada.

Según el dictamen emitido por la oficina local, esta política aplicada por el sanatorio derivó en una doble discriminación. Por un lado se le ocultó información a una persona sobre su estado de salud y por el otro, se la descartó por razones relacionadas con esta enfermedad y no con su idoneidad para el puesto al que aspiraba.

De este modo, el documento de la oficina local de Derechos Humanos considera que “el sanatorio brindó un trato diferencial e indigno en el proceso de selección de personal” y que, al ocultar el resultado de los estudios realizados, “cometió un acto violatorio de los derechos humanos básicos a la vida, dignidad y salud”.

“Esta actitud configuró un serio menoscabo a la integridad física y la vida de las personas”, añadió la oficina, la cual consideró que “por lo delicado del resultado de los exámenes se debería haber desplegado un mecanismo de contención apropiado para la postulante, teniendo en cuenta la trascendencia que implica la detección del VIH positivo”, se expresó.

Tras recordar que quien cometió este acto discriminatorio “es ni más ni menos que un sanatorio, es decir un lugar donde se brinda asistencia y cuidado de la salud”, la oficina local de DD.HH. consideró que “esta actitud trascendió el caso individual y cobró relevancia social, ya que resultó a todas luces violatoria de los derechos humanos básicos a la vida, dignidad y salud de la comunidad”.