La Dirección de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Enrique Fidel Castrelos, dio a conocer ayer un estremecedor caso de apropiación ilegítima de una beba que actualmente tiene 5 meses de vida. Su joven madre, dudando de tener o no la criatura habría sido tentada con dinero para entregarlo a una familia, cuyo parentesco con funcionarios judiciales habría inferido en la toma de actuaciones judiciales arbitrarias para que esto se lleve a cabo, aún cuando existía el reclamo de la abuela de la beba, quien tiene por anhelo recuperarla y criarla junto a su familia.

Se trata del caso de Margarita Prystupa, cuya nieta no llegó a conocer por orden de uno de los Juzgados de Familia. “Mi hija vivía conmigo antes del parto, en mi casa, se dio que ella no quería tenerla a la bebé, entonces yo la hablaba muchísimo para que se quede conmigo, yo la iba a cuidar, la iba a criar e íbamos a salir adelante. Después que pasó esto fui a pedir ayuda en los lugares que corresponden, para saber qué papeles presentar y cómo debía hacer para adoptar a la nena, en todos lados me decían que como abuela no tenía derecho a nada y que si era decisión de la madre yo no tenía derecho a ‘zapatear’”, señala Margarita.

Entre lágrimas, la mujer explicó que su hija estuvo dos veces internada antes de que empezaran las acciones irregulares: “Desde que no quiso tener a la bebé no se cuidaba en su embarazo y la interné dos veces en la Maternidad. Luego de que me dirija a pedir ayuda a una de las defensorías del menor, de donde me corrieron, mi hija recibió el llamado telefónico de una señora, la que actualmente tiene a la bebé”. Prystupa relató que su hija dejó entonces su hogar: “De repente cambia el modo de vida de mi hija, se empieza a atender en el … (una clínica privada de calle Sarmiento), yo le hablaba y le preguntaba pero no me decía nada. Hice una denuncia porque dos meses antes de tener se fue de mi casa y la encontraron en una casa de calle Almagro. Cuando dio a luz, a mí no se me avisó”.

El 22 de mayo, día anterior al parto, llegó al centro de salud privado un oficio del juzgado donde se advertía que cualquier hijo que pudiera tener la mujer en cuestión quedaba bajo la órbita de dicha justicia. El día después del nacimiento, otro oficio ordenó la entrega de la beba a las personas que hoy la tienen en su poder.

El pasado 3 de septiembre, Prystupa se entrevistó con el director de Derechos Humanos luego de ser llevada hasta allí por una amiga. Ese mismo día se realiza una denuncia por el caso en la sede de Fiscalía General de calle Junín al 600. La causa quedaría en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Criminales.

Del lado del más débil

El director de Derechos Humanos explicó ayer a El Esquiú.com: “Hemos visto que existe una cierta lentitud en la justicia que afecta derechos, en el caso este de la señora que quiere recuperar a su nieta esto se puede volver dramático. Esto tampoco es una valoración sobre la totalidad del poder judicial, hay un hecho que fue dramático para Catamarca que fueron los 4 menores muertos en la Alcaidía, nosotros no podemos seguir dilatando las respuestas cuando hay un niño en juego. Somos extremadamente prudentes pero acompañamos a la señora que está denunciando. Queremos tener acceso a las actuaciones. Existen jueces muy respetables así que no queremos caer en generalizaciones. Hay una chiquita de cinco meses que está separada de su seno familiar. Estaríamos frente a una situación de actuación judicial arbitraria”.

Castrelos explicó las sospechas: “Se habrían dictado medidas que no son conformes a derecho por parte de una jueza. Nosotros decidimos tomar partido, queremos ser objetivos pero no imparciales, estamos del lado de la señora [...] presuntamente habría un apartamiento de las normas legales, cuando se decide dictar una medida uno de los principios fundamentales para proteger el interés superior del niño es mantener los vínculos de consanguineidad, en este caso puntual, según la información que tenemos nosotros, nunca se habrían hecho informes socioambientales sobre la abuela para saber si podría o no tener a su cargo la crianza del niño ya que la madre en principio no habría querido tener la criatura, pero su abuela sí la quiere tener. En principio la jueza no habría hecho las investigaciones que corresponden para dictar esa medida. Que tiene la gravedad que a medida que pase el tiempo se establecen vínculos afectivos que estarían en desmedro del lazo consanguíneo que tiene la niña con la abuela, no queremos que esto se dilate mucho más porque cada día que pasa se le genera un perjuicio a esa criatura, no tan sólo a esa abuela”.

Finalmente agregó que si existe una manera irregular de entrega de niños “es una aberración que a todas luces no puede ser sostenida” y que llevarán la denuncia hasta el jury de enjuiciamiento.

Medidas de abrigo

Silvia Barrientos, recientemente constituida en abogada de Prystupa, manifestó que “nos encontramos con algo totalmente atípico, medidas de abrigo que son absolutamente excepcionales y donde el interés superior del niño está vulnerado, amenazado y restringido. Entonces la justicia vela para el pronto restablecimiento, pero son acciones de últimas medidas a ejecutar, no así se ejecutaron prima facie y con anuencia de funcionarios cercanos a quienes están teniendo el bebe en cuestión, lo que lo hace mucho más grave y daría pie a acciones legales en ámbitos civiles y penales, que ya han comenzado una ejecución mediante denuncias que son parte de las pruebas que contamos para esta acción mancomunada. El ejemplo y la fuerza nos la dan estas mujeres que vienen aquí pidiendo ayuda, y que para eso están las instituciones que deben velar por el pronto restablecimiento de esta nena a su familia consanguínea”.

Desde la dirección señalaron la imperiosa necesidad de acceder a los documentos, tanto de las actuaciones realizadas en la denuncia, como de las emanadas de la jueza puesta en dudas, para poder determinar fehacientemente cuáles son las responsabilidades y si se facilitó la venta de una recién nacida moviendo influencias judiciales.

Cronología de los hechos

22 de mayo: oficio del Juzgado de familia ordenando que cualquier hijo que pueda concebir la hija de Prystupa queda a cargo de la justicia.

23 de mayo: se produce el parto en una clínica privada de calle Sarmiento.

24 de mayo: llega un oficio similar al primero, pero esta vez ordenando la entrega de la beba a las personas que actualmente la tendrían en su poder.

3 de septiembre: Margarita Prystupa, abuela de la beba, quien intentaba por la vía legal obtener la custodia de la misma, se presenta ante la Dirección de DDHH y luego realizan una denuncia penal en la sede de Fiscalía General.

Posteriormente se piden informes sobre las actuaciones que son negados.