Consideró que la suspensión de ciertos derechos con el fin declarado de proteger el interés de la sociedad y su bienestar, debido a turbulencias económicas y políticas, "hace tiempo tocó su límite razonable y nos llevó a groseros abusos propio de las autocracias".

El reconocido letrado custionó con extrema dureza la condición de "emergencia" en que se encuentra la provincia, tras una ley que mandara a votar a los diputados adherentes, el gobernador Insfran en 1995, inmediatamente luego de asumir su gestión.

"Estas leyes de emergencia, que por definición son de excepción, ya que son sancionadas debido a las necesidades de orden público o por razón de imprevistas y graves circunstancias que exigen, con carácter transitorio, medidas radicales y expeditas para remediar el mal y evitar su propagación se han convertido en un vicio, en una herramienta apta para facilitar los actos de corrupción", había advertido el profesional la semana pasada, cuando dio a conocer su postura sobre el hecho.

"Si bien las sentencias de los jueces vienen repitiendo hace décadas que una ley de emergencia no puede frustrar un derecho constitucional, pudiendo solo suspender su goce de modo razonable, nos encontramos frente a meras declaraciones insusceptibles de aplicación por cuanto año a año se prorrogan burlonamente la declaraciones de emergencia que han terminado por convertirse en un cercenamiento de derechos que controvierte aquellas declaraciones de los jueces", analizó.

En ese aspeto, rechazó la presencia de "jueces que siguen repitiendo lo mismo, que avalan las declaraciones mentadas, bajo la premisa de que se trata de una situación de excepción, por un plazo razonable, con la finalidad de "asegurar la distribución razonable de los recursos financieros cuando éstos son escasos".

"¿Cómo es posible que aún hoy los jueces sigan con esta ficción de los plazos razonables e insuficiencia de recursos, cuando estas declaraciones de emergencia, de crisis, carecen de sustento?", interrogó.

RELATIVIZADA

Para aclarar ese punto se remitió a los presupuestos provinciales aprobados durante los años de emergencia y al propio accionar gubernamental, especialmente ejecutivo y legislativo. "De existir "crisis económica", que es el argumento básico de la declaración de emergencia, el presupuesto del corriente año no contemplaría en el ANEXO VI, ítem 3.4.5 - Deporte y Recreación - la suma de $ 55.888.670, donde entiendo está previsto el costo del equipo deportivo "LA UNION", importe que representa casi el 50% del presupuesto del Poder Judicial, que sí requiere una suma presupuestaria mayor", reveló.

"¿Pero cuál es el "plazo razonable". Se han jubilado jueces que durante años avalaron con estos argumentos la emergencia. Hoy hay nuevos jueces que siguen utilizando estos mismos argumentos y ya se están por jubilar", ejemplificó.

"Como decía, el propio presupuesto desnuda la falacia de la emergencia. Al caso mencionado de Deporte y Recreación, puedo agregar erogaciones impropias de un estado de crisis que impone la declaración de emergencia. Que mejor, entonces, que recordar la asignación, dádiva, o como se la quiera denominar, destinada a la construcción de la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios.

¿No correspondía, acaso, que esos jueces que avalan la legitimidad, la constitucionalidad, de las leyes de emergencia, dijeran no aceptamos que el Estado nos construya nuestra sede o nuestro quincho, puesto que existen otras necesidades a satisfacer? Necesidades que están a la vista, que todos a diario advertimos?, argumentó.

"El artículo 9 de la Constitución Provincial dispone que "Todos los habitantes de la Provincia son iguales en dignidad y derecho" ¿Por qué a algunos acreedores discapacitados y necesitados se les dilata el pago de la indemnización debida por la Provincia en lugar de afrontar esos gastos faraónicos como el Estadio Cincuentenario?", insistió en cuestionar.

Para Berger, "se ha violado sistemáticamente el artículo 121 de la Constitución Provincial en cuanto establece que: "Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que la Legislatura establezca". Se lo ha violado con las declaraciones de emergencia durante tantos años", denunció.

AUTODESTRUCCION

El abogado valoró el voto del Dr.Lorenzetti en el fallo Massa del 27/12/06 de la Corte Suprema en cuyo considerando 30 dice: ?Las legislaciones de excepción tienen un plazo para que se produzca su propia extinción, pero su prórroga y su reiteración han inutilizado los mecanismos de autodestrucción y han alimentado los que permiten su conservación?.

?De tal modo la excepción se ha convertido en regla y los remedios normales han sido sustituídos por la anormalidad de los remedios. Esta emergencia permanente destruye todo cálculo de riesgos y restringe el funcionamiento económico. Que el derecho es experiencia y ella nos enseña de modo concluyente que la emergencia reiterada ha generado más emergencia e inseguridad y que es necesario volver a la normalidad. Que la Constitución y la ley deben actuar como mecanismos de compromiso elaborado por el cuerpo político con el fin de protegerse a sí mismo contra la previsible tendencia humana a tomar decisiones precipitadas. Quienes redactaron nuestra Constitución sabían lo que eran las emergencias ya que obraron en un momento en que la Nación misma estaba en peligro de disolución, pero decidieron sujetarse rígidamente a una Carta Magna con el propósito de no caer en la tentación de apartarse de ella frente a necesidades del momento?, parafraseó.

E insistió: ?un sistema estable de reglas y no su apartamiento por necesidades urgentes es lo que permite construir un Estado de Derecho. La suspensión ?en principio temporaria- de ciertos derechos con el fin declarado de proteger el interés de la sociedad y su bienestar, debido a turbulencias económicas y políticas, hace tiempo tocó su límite razonable y nos llevó a groseros abusos propio de las autocracias?, enfatizó.