Entre los años 2007 y 2012 aumentaron a más del doble las denuncias por violencia familiar en la provincia de Córdoba, según un informe elaborado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales y difundido por la Justicia provincial. Mientras en 2007 se registraron 15.455 denuncias, cinco años después esa cifra había crecido a 34.289.

El salto mayor se produjo entre 2011 y 2012, dado que en apenas 12 meses hubo 6.612 denuncias más.

Del total de denuncias en 2012, 15.059 se registraron en Capital y 19.230, en el interior.

En paralelo aumentaron las medidas dictadas por la Justicia a raíz de las denuncias: 14.917 en 2007 contra 29.526 en 2012. De éstas, 11.884 se tomaron en la ciudad y 17.642 en el resto de la provincia.

En este caso el salto también se produjo entre 2011 y 2012, lapso en que se dictaron 9.013 medidas más.

Las medidas dictadas comprenden, entre las más importantes, la “restricción/prohibición de presencia o comunicación del agresor con la víctima” (15.176 medidas, de las cuales 6.449 en Capital y 8.727 en interior); la “exclusión del agresor” (5.384 medidas, 1.606 en Capital y 3.778 en interior); y “tratamiento de rehabilitación y/o reinserción para el agresor y/o víctima” (2.169 medidas, 1.079 en Capital y 1.090 en interior).

Es decir que, de un total de 3.451.910 habitantes en la provincia de Córdoba, se registra una denuncia por violencia familiar cada 101 personas.

Río Cuarto es la ciudad del interior donde más se presentaron denuncias en 2012: 2.905. Le siguen Cosquín (2.371) y Villa María (2.249). Sin embargo, fue en Villa Carlos Paz donde más medidas judiciales se dictaron: 2.638 en 1.265 denuncias, seguida por Río Cuarto (2.503) y Cosquín (1.881).

Carlos Paz es, además, la ciudad del interior donde más se tomaron medidas de restricción de comunicación del agresor con la víctima: 2.100. Y Río Cuarto, donde más se excluyó a los agresores: 1.546 medidas.

El informe se limita a estadísticas y no ingresa en las posibles causas de la suba de denuncias por violencia familiar.

Cabe recordar que, a mediados de 2011, comenzó a funcionar en Tribunales II una fiscalía de Violencia Familiar a cargo de Mercedes Balestrini. Ante la cantidad de denuncias que recibió, al año siguiente se creó una segunda fiscalía, con Bettina Croppi a la cabeza. Esto puede considerarse un motivo del aumento significativo de denuncias, pero la fiscalía de Croppi recién comenzó a funcionar en noviembre de 2012.