Una mujer denunció ayer que su hijo, de 13 años, que desde hace cinco meses se encuentra internado en un complejo previsto para los menores en conflicto con la ley penal, fue golpeado por la Policía de Córdoba y esposado, de pies y manos, en la habitación de un hospital en el que se reponía de una fractura.

La mujer (los datos personales se mantienen en reserva para preservar la identidad del menor) aseguró ayer: «Él estaba en el Complejo Nueva Esperanza y se había cansado de pedirle ayuda al juez, porque no aguantaba más la situación que estaba viviendo, pero como no lo escuchó, entonces, decidió fugarse».

En el mismo sentido, la mujer, que sólo se identificó como Ana, agregó a Cba24n, medio que depende de la Universidad Nacional de Córdoba: «Se subió a un alambrado de seis metros de altura, de donde cayó, ocasión en la que fue alcanzado por personal del servicio (penitenciario) y le propinaron numerosos golpes».

La mujer lamentó que el hecho haya sucedido el viernes pasado y que recién le hayan avisado al otro día, el sábado, que su hijo «se encontraba internado en el Hospital de Niños (de la Capital cordobesa), con un brazo fracturado».

«Cuando hablé con mi hijo, me contó todo lo que había pasado», afirmó, tras lo cual agregó que el domingo el policía que se encontraba de consigna en el hospital le puso «dos esposas, en una de las manos y otra, en el pie».

De acuerdo con la mujer, la causa por la que el menor se encuentra internado en el complejo Nueva Esperanza, ubicado a unos 15 kilómetros de la capital cordobesa, es sustanciada por el juez en lo Penal Juvenil de 4ª Nominación, José González del Solar.

«Oficialmente, no tenemos mayor información», contestaron a Télam fuentes de la Policía de la provincia cuando se intentó consultar sobre lo sucedido con el menor.

Las autoridades judiciales y policiales están sujetas al artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que tiene jerarquía constitucional en la Argentina desde la reforma de 1994, y prevé que «ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes» (inciso a). En el mismo sentido, el inciso c, del artículo 37 de la CDN, ordena que «todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad».

Asimismo, el inciso d) del artículo 37 de la CDN estipula que «todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción».