La inmensidad de los campos que adquirió Julio Jalit a ambos lados de la ruta 53, camino a Padre Lozano, en Embarcación, da una idea del crecimiento que tuvo el patrimonio del intendente de Pichanal, en contraste con la lacerante realidad de esa localidad de Orán.

En ese municipio del norte salteño muchos recuerdan que Jalit, antes de iniciar el primero de los tres mandatos que lleva como jefe comunal desde 2003, era un empleado más en una estación de servicio de la empresa K y M (Klarmann y Macarón). Hoy tiene puestas a su nombre diez fincas que compró entre 2006 y 2010 en San Martín y Orán.

A siete de esos campos, que totalizan unas 3.000 hectáreas, los adquirió después de que se aprobara en Salta el ordenamiento territorial de bosques y la Corte Suprema suspendiera los desmonte en Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria en marzo de 2009.

Durante la prohibición, que se extendió hasta diciembre de 2011, el patrimonio de Jalit pegó el gran salto con catastros rurales devaluados por el mapa tricolor en el que la cartera de Ambiente vedó las habilitaciones para producción agrícola y ganadera en áreas con montes pintadas de amarillo y rojo.

Y fue el mismo organismo, con sus vistas gordas a los desmontes ilegales de funcionarios, parientes y amigos del poder, el que permitió a Jalit avanzar con deforestaciones que multiplicaron el valor de sus adquisiciones.

¿Con qué dinero se convirtió en diez años en acaudalado terrateniente y potentado de granos? Esa es una pregunta que espera respuestas de la Justicia desde hace cinco años, cuando concejales de Pichanal llevaron a los tribunales de Orán las primeras denuncias contra Jalit por presunta malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.

Tierras en Orán y San Martín

A los dos años y dos meses de asumir, el 25 de enero 2006, el intendente de Pichanal adquirió tres fincas por $4,5 millones. Esas 891 hectáreas están ubicadas a la vera de la ruta 53, en Embarcación, municipio vecino del departamento San Martín donde Jalit montó, con el tiempo, un emporio en tierras puestas a producir granos en Tres Pozos, Caraparicito y Pozo Cabado.

En junio de 2009, cuando el valor de las propiedades rurales caía en picada por la prohibición de desmontar de la Corte Suprema, el intendente añadió a su patrimonio dos campos situados sobre el camino a Padre Lozano. Esa operación por 912 hectáreas le costó $1.010.600, según las escrituras registradas en Inmuebles.

A fines de ese mismo año Jalit compró otra finca de 221 hectáreas en Pozo del Cuico, Orán, en el límite con Jujuy, por 88.000 dólares.

Entre abril y mayo de 2010 el intendente adquirió a su nombre otros tres campos, con una superficie de 874 hectáreas, junto a la ruta 53. Esas compraventas fueron asentadas por 432.300 dólares, equivalentes a casi $1.700.000, al cambio oficial de ese momento.

Pobladores de la zona señalaron que Jalit desmontó parte de esos campos cuando estaban totalmente prohibidos por el máximo tribunal del país. Hoy sus fincas están puestas a la producción de granos.

Hizo expropiar 60 hectáreas para salvarse de una demanda

El Gobierno aseguró en 2013 que no se construirían casas. Finalmente ley si lo contempló.

Con la sanción de una ley de expropiación de 60 hectáreas en Pichanal, Julio Jalit hizo notar hasta dónde llegan sus influencias.

Tras asumir como jefe comunal, sin consulta alguna ordenó volcar los residuos urbanos en una finca privada distante a cinco kilómetros del pueblo sobre la ruta provincial 5. Por esa apropiación ilegal, el propietario del inmueble le inició acciones legales.

Para sacarse la soga del cuello, el intendente solicitó al Ejecutivo provincial que envíe a la Legislatura un proyecto para la expropiación de las tierras. De ese modo, a fines del año pasado ingresó la iniciativa a Diputados.

Tras idas, vueltas y revisiones la ley quedó definitivamente aprobada por el Senado recién el pasado 4 de septiembre pasado.

La polémica

¿A que se debieron tantas vueltas? En ese predio, además del vertedero, habían sido proyectados una planta depuradora de líquidos cloacales, un matadero de ganado menor, la ampliación del cementerio municipal y un grupo de viviendas para aborígenes.

Al conocerse los planes arreciaron las críticas y el Gobierno, para salir del paso, emitió el 19 de noviembre de 2013 un comunicado en el que afirmó que en el predio a expropiarse "no está contemplada la ejecución de viviendas para familias de la comunidad wichi".

En consecuencia, en el proyecto de expropiación se eliminó el grupo de viviendas aborígenes que, para sorpresa de muchos, quedó finalmente incorporado en la ley que el Senado giró al Ejecutivo el pasado 5 de septiembre para su promulgación.

Manejos del intendente

¿Qué sucedió en el medio? Según fuentes de Pichanal, en los últimos meses, el propio Jalit instigó a aborígenes a ocupar el predio.

El 23 de agosto salió una orden de desalojo y el intendente impidió el procedimiento, enfrentado al comisario Darío González, quien por ese incidente terminó trasladado a Orán.

Todo ello, y el texto definitivo de la ley de expropiación, muestra cómo se manejan las cosas en su tierra y quién las decide